La Cámara de Senadores resolvió una nueva pausa en el juicio político a Peña sin definir la solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el mandatario en Asunción. La decisión del pleno legislativo postergó la determinación sobre el plazo solicitado por la defensa técnica del jefe de Estado para preparar sus alegatos. La sesión extraordinaria se convocó para analizar el libelo acusatorio y fijar las reglas del juzgamiento constitucional.
La moción en el juicio político a Peña y el debate procesal
El legislador Ever Villalba planteó suspender el debate parlamentario por un lapso de media hora para precautelar las garantías del debido proceso. Durante su intervención, el parlamentario liberal sostuvo que cualquier requerimiento formal debe ser expuesto por el propio procesado o por los representantes jurídicos acreditados en la sala de sesiones. La propuesta surgió con la finalidad de convocar a los abogados designados a presentarse personalmente en el recinto.
En su exposición, Villalba aclaró que la intención de su planteamiento no apunta a demorar el curso del proceso constitucional en curso. El congresista remarcó que, de no acudir los defensores particulares en el tiempo estipulado, la Cámara Alta tiene la facultad de nombrar un defensor de oficio para asegurar la continuidad del juzgamiento. Tras someterse a votación entre los miembros de la cámara, la iniciativa obtuvo la mayoría de los votos favorables.
Antes del inicio de la sesión, la Presidencia del Congreso recibió la acreditación de los abogados Guillermo Preda y Adolfo Ferreiro como defensores oficiales. A través de este equipo legal, se formalizó el pedido de 72 horas para estructurar el descargo técnico. Sin embargo, varios senadores argumentaron que un juicio oral y público requiere la presencia física de la defensa para fundamentar cualquier incidente procesal.
Postura sobre los plazos y la resolución legislativa vigente
Por otro lado, el senador Derlis Maidana manifestó su desacuerdo con la suspensión transitoria de la sesión y solicitó el rechazo inmediato de la prórroga. El parlamentario oficialista argumentó que la reglamentación que rige el procedimiento constitucional prohíbe la apertura de incidentes o dilaciones en los plazos previstos. En su alocución, enfatizó que las reglas parlamentarias fijan plazos perentorios e improrrogables calculados en horas continuas.
El legislador invocó la vigencia de la Resolución 825 del año 2015, normativa que estipula que la cámara juzgadora no dará curso a recusaciones o cuestiones de previo pronunciamiento. Maidana aseguró que desestimar el pedido de tiempo adicional no representa una violación al derecho a la defensa, dado que el reglamento del Congreso ya contempla la estructura temporal para cada etapa del juzgamiento. Pese a estas consideraciones, su moción fue rechazada por el pleno.
El alcance institucional del procedimiento en el Congreso
El mecanismo de juicio político se encuentra regulado en la Constitución Nacional paraguaya como una herramienta de control del Poder Legislativo sobre los altos funcionarios del Estado. En este proceso, la Cámara de Diputados ejerce el rol de parte acusadora mediante la aprobación de un libelo, mientras que el Senado actúa como tribunal juzgador. La resolución final requiere una mayoría calificada de votos para determinar la eventual destitución del mandatario investigado.
La sesión extraordinaria fijó su reanudación para las 11:30 con la expectativa de verificar si los abogados defensores se hacen presentes en el recinto. En caso de ausencia, el pleno legislativo deberá definir si mantiene el cronograma original o adopta otras medidas procesales para continuar con la lectura de las acusaciones y la posterior etapa de descargo técnico.
Datos clave
- El Senado aprobó un cuarto intermedio de 30 minutos propuesto por el legislador Ever Villalba para convocar a la defensa.
- Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para articular su defensa técnica tras nombrar a sus representantes jurídicos.
- La defensa técnica acreditada quedó integrada por los abogados Adolfo Ferreiro y Guillermo Preda.
- El senador Derlis Maidana solicitó el rechazo de la prórroga con base en la Resolución 825 de 2015, pero su postura fue derrotada en votación.
