La investigación a frigoríficos llevada adelante por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) se encuentra en su fase decisiva, luego de cumplirse el plazo improrrogable de 180 días hábiles de diligencias. El organismo regulador deberá resolver antes de culminar octubre si presenta una acusación formal contra las industrias o si dispone el archivo del expediente por presuntas prácticas anticompetitivas. La decisión marcará el rumbo legal de un proceso abierto de oficio a inicios de este año.
Alcance legal y empresas indagadas en el proceso
El expediente se originó formalmente a través de la Resolución D/AL N.º 12/2026, firmada el 26 de enero, tras detectarse sospechas iniciales en el comercio de hacienda. La Dirección de Investigación de la entidad estatal aplicó los preceptos de la Ley N.º 4956/2013 de Defensa de la Competencia para esclarecer si existieron pactos irregulares de precios o abuso de posición dominante colectiva.
Las pesquisas abarcan a cuatro sociedades comerciales y tres cooperativas dedicadas al procesamiento cárnico en el país. En la lista figuran Frigorífico Concepción S.A., Frigomerc S.A., Frigorífico Guaraní S.A.C.I. y Frigorífico Victoria S.A.E. Asimismo, el caso comprende a las entidades chaqueñas Chortitzer, Fernheim y Neuland, las cuales faenan ganado bovino en sus respectivas plantas industriales.
El período de averiguaciones comenzó con un intervalo de 90 días hábiles que posteriormente recibió una extensión similar. Al no contemplarse extensiones extraordinarias en la norma, la Dirección de Investigación de la institución estatal debe emitir su dictamen de conclusión sin demoras adicionales.
Factores del mercado y avances de la investigación a frigoríficos
Las actuaciones de oficio comenzaron a raíz de publicaciones de prensa, análisis económicos previos y diversos reclamos públicos sobre las cotizaciones abonadas a los criadores. En reiteradas oportunidades, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) junto con la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) expresaron cuestionamientos sobre las condiciones de comercialización de la hacienda en pie.
A lo largo de la etapa indagatoria, referentes de la producción pecuaria acercaron documentos, estadísticas y posturas técnicas ante la autoridad regulatoria. Al mismo tiempo, los directivos de los frigoríficos manifestaron total apertura para colaborar con los requerimientos oficiales y negaron cualquier tipo de concertación indebida de valores o conductas contrarias a la libre concurrencia comercial.
Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) remitió informes al organismo investigador en los que apuntó la incorporación de nuevos actores industriales en años recientes. Durante toda la instrucción, el contenido del expediente se mantuvo bajo estricta reserva conforme lo estipula el marco legal vigente en la materia.
Posibles sanciones económicas y siguientes pasos
Si la Dirección de Investigación concluye que existen pruebas firmes de infracción, elevará la acusación formal para que el Directorio de la Conacom sustancie el juicio administrativo correspondiente. En caso opuesto, si los datos recolectados resultan insuficientes para sostener una falta, la dependencia solicitará el sobreseimiento de las empresas y cooperativas indagadas.
De comprobarse infracciones a la legislación de competencia, las multas estipuladas pueden ascender hasta el 150 % de las ganancias ilícitas o representar hasta el 20 % de la facturación vinculada al rubro. Sin embargo, estas penalizaciones solo procederían al término de un proceso sancionador pleno en el que se demuestre fehacientemente la transgresión.
El dictamen que adoptará la entidad generará un precedente de gran relevancia para la ganadería local y para los consumidores finales. La resolución permitirá verificar la efectividad de las herramientas institucionales para garantizar la transparencia en uno de los sectores más dinámicos de la economía paraguaya.
Datos clave
- La Conacom cumplirá a finales de octubre el plazo máximo de 180 días hábiles para resolver si acusa a siete plantas procesadoras o solicita el sobreseimiento.
- Las indagaciones involucran a cuatro firmas mercantiles y tres cooperativas con sede en el Chaco que faenan y comercializan carne bovina.
- El proceso examina supuestos acuerdos de precios y abusos de posición dominante en la compra de ganado para faena tras quejas de gremios de productores.
- La normativa vigente prevé multas de hasta el 20 % de la facturación en caso de que un sumario posterior compruebe faltas a la libre competencia.
