Las inversiones de Brasil en territorio paraguayo no experimentarán una salida abrupta de capitales tras los comicios generales del vecino país, según coincidieron referentes del sector empresarial e industrial. Diversos gremios sostienen que las marcadas diferencias de costos y las ventajas competitivas locales pesan mucho más que cualquier cambio en la conducción política de Brasilia.
El debate sobre la continuidad de los flujos de capital cobró fuerza ante la inminente definición electoral brasileña en segunda vuelta. En ese contexto, los empresarios locales argumentan que las decisiones de radicación productiva responden a proyecciones comerciales de mediano y largo plazo, lejos de los vaivenes coyunturales que acompañan a cada proceso de alternancia gubernamental.
Factores estructurales frente a la coyuntura política
El presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, Fabio Fustagno, explicó que las condiciones para producir en ambas naciones presentan hoy diferencias estructurales determinantes. La elevada presión tributaria brasileña, sumada a los altos costos laborales y al precio de la energía, conforma el denominado costo Brasil, un factor que no se altera de forma inmediata con un nuevo gobierno.
Fustagno detalló que las compañías medianas y grandes estructuran sus operaciones con planes calculados a varios años vista. Por este motivo, la entidad gremial descarta modificaciones radicales en la postura de las firmas que ya operan en Paraguay o que se encuentran tramitando su instalación, manteniendo el dinamismo fabril registrado en los últimos periodos.
El régimen de maquila y las inversiones de Brasil
Desde la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, su titular Jorge Bunchicoff apuntó que los inversionistas evalúan principalmente la productividad, la seguridad jurídica y el acceso directo a mercados internacionales. En este sentido, las inversiones de Brasil bajo el amparo de la maquila encuentran una complementariedad estratégica, donde las fábricas expanden su volumen operativo en Paraguay mientras consolidan simultáneamente sus casas matrices.
Bunchicoff sostuvo que resulta inviable garantizar un porcentaje rígido de crecimiento sin atender la realidad particular de cada corporación. No obstante, remarcó que la meta paraguaya consiste en sostener un entorno previsible mediante la modernización logística, trámites aduaneros ágiles y una provisión eléctrica confiable que permita el desarrollo continuo de las industrias ya instaladas.
Posibles escenarios y reformas pendientes
Una mirada distinta fue planteada por el economista y docente Aldo Centurión López, quien advirtió que el desenlace de la votación sí podría modificar el ritmo de radicación. Una administración orientada a la desregulación, la reducción de ministerios y el alivio fiscal podría moderar la salida de firmas brasileñas hacia el mercado paraguayo.
Por el contrario, Centurión señaló que una continuidad de gravámenes elevados en el país vecino incentivaría todavía más la llegada de empresas. En este escenario, las inversiones de Brasil, que representan cerca del 15 % del saldo total de capital externo en Paraguay, demandan tareas internas urgentes como la lucha contra la corrupción, la mejora de la infraestructura vial y la capacitación técnica laboral.
Por su parte, el especialista internacional Jorge Codas Thompson destacó que la renegociación del Anexo C de Itaipú constituirá un eje prioritario de la agenda bilateral. Ante este panorama, analistas y empresarios coinciden en que Paraguay debe fortalecer sus instituciones para blindar su competitividad ante cualquier ajuste regional.
Datos clave
- Inversión sostenida: Los gremios industriales descartan una fuga repentina de capitales brasileños radicados en el país.
- Ventajas impositivas: El costo Brasil y la menor carga tributaria paraguaya continúan impulsando la llegada de industrias.
- Peso económico: Las compañías de origen brasileño concentran alrededor del 15 % de la inversión extranjera directa registrada en Paraguay.
- Desafíos internos: Empresarios y analistas exigen mayor seguridad jurídica, combate a la corrupción y mejor formación de mano de obra.
