La intervención de cooperativa en San José de los Arroyos se concretó luego de que más de dos mil socios denunciaran severas irregularidades financieras y un presunto perjuicio millonario. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Cooperativismo tras verificaciones institucionales que dejaron al descubierto llamativas operaciones de crédito.
Frente al edificio corporativo de la entidad, numerosos ahorristas manifestaron su indignación ante la falta de acceso a sus depósitos. Ante este escenario de incertidumbre, presentaron una acción penal formal ante el Ministerio Público para que se investiguen maniobras que habrían comprometido la estabilidad de la institución.
La denuncia penal ante la Fiscalía
El profesional del derecho Daniel Benítez Romero, quien asumió la representación legal de los afectados, formalizó la denuncia penal para esclarecer presuntas conductas ilícitas. La presentación abarca figuras punibles de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, sin descartar otros delitos derivados de las pesquisas.
El expediente quedó asignado a la agente fiscal Natalia Chávez, quien tiene a su cargo la coordinación de las diligencias investigativas iniciales. Los representantes legales adelantaron que solicitarán peritajes a los registros contables y bancarios, a los cuales previamente no pudieron acceder bajo el pretexto del secreto bancario.
Irregularidades y créditos unificados
Uno de los puntos centrales del presunto esquema involucra al exgerente general Juan de la Cruz Monjes y a su hija, Tamara Monjes. De acuerdo con los datos presentados por los denunciantes, ambos habrían acumulado 50 operaciones crediticias, 36 a nombre del exfuncionario y 14 de su familiar, que luego fueron consolidadas en una sola cuenta.
La refinanciación unificada alcanzó la suma de G. 2.634 millones y contó presuntamente con la aprobación del Consejo de Administración. Esta operación contemplaba un plazo con amortización bajo el sistema alemán, cuotas de carácter anual, tasas de interés del 10% y el respaldo de un pagaré, condiciones altamente cuestionadas por la masa societaria.
Impacto financiero en la comunidad y demandas
El trasfondo financiero se agrava debido a los compromisos institucionales impagos que acarrearía la entidad con otros actores del sistema cooperativo. A pesar de haber captado cerca de G. 35.000 millones en ahorros durante el ejercicio 2024, la entidad recurrió a préstamos externos que hoy derivan en demandas judiciales por cobro de guaraníes.
El cooperativista Fernando Sanabria Núñez estimó que el daño global podría rondar los G. 31.000 millones, cifra que deberá corroborarse durante la intervención de cooperativa y la revisión contable en marcha. Esta situación genera profunda alarma en una comunidad de 2.150 socios, entre los cuales existen personas con ahorros de entre G. 500 millones y más de G. 1.000 millones que temen una quiebra.
Datos clave
- Afectados y montos: Unos 2.150 socios denuncian un presunto daño económico inicial de G. 2.634 millones y un perjuicio global estimado en G. 31.000 millones.
- Implicados señalados: Las sospechas apuntan al exgerente Juan de la Cruz Monjes y su hija Tamara Monjes por la consolidación de 50 préstamos.
- Intervención oficial: El Incoop dispuso la fiscalización e intervención institucional ante la crisis financiera.
- Proceso penal: La fiscal Natalia Chávez encabeza las pesquisas por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
