El intendente Víctor Garay recibió una sentencia de dos años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de ocasionar un perjuicio patrimonial a la Comuna de Jesús de Tavarangüé. La resolución fue dictada de manera unánime por un Tribunal de Sentencia en el departamento de Itapúa. Los magistrados determinaron la responsabilidad del jefe comunal en pagos irregulares pero cuestionaron fuertemente la labor investigativa del Ministerio Público.
El fallo judicial contra el intendente Víctor Garay
Los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete concluyeron que la administración municipal sufrió una pérdida concreta de G. 129.372.728. Este desvío se materializó a través de dos cheques emitidos a nombre de una profesional del área de arquitectura. La afectada declaró durante la audiencia pública que jamás autorizó el uso de sus datos para tales facturaciones.
Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena privativa de libertad de seis años, el colegiado judicial consideró que la acusación carecía de sustento técnico para la mayor parte del monto denunciado. El marco penal aplicable permitía sanciones de hasta siete años y medio de penitenciaría por concurso de delitos. Sin embargo, la pena final se redujo sensiblemente al no comprobarse la totalidad del quebranto señalado por el agente fiscal.
La investigación original sostenía que el intendente Víctor Garay había manejado con negligencia más de G. 2.440 millones correspondientes al ejercicio del año 2022. Dichos fondos públicos debían destinarse originalmente a la preservación y cuidado del patrimonio histórico jesuítico característico del distrito. Pese a la gravedad del reclamo, los jueces señalaron que gran parte de los recursos sí fueron entregados a contratistas locales.
Severos cuestionamientos a la actuación fiscal
Durante la lectura de la sentencia, los integrantes del Tribunal dirigieron duras críticas contra el fiscal Luis Alberto Albertini por su desempeño procesal. Los magistrados señalaron que el representante de la sociedad se limitó a transcribir las observaciones de la Contraloría General de la República sin ejecutar pesquisas de campo. Por ese motivo, el juzgado remarcó la total ausencia de un esfuerzo intelectual y técnico por parte de la Fiscalía.
Ante la deficiencia probatoria del Ministerio Público, los magistrados debieron recurrir al mecanismo de medidas de mejor proveer para evaluar once contratos de obras. De este modo, convocaron a los propios contratistas para prestar testimonio y aportar los documentos que la Fiscalía omitió indagar. Tras analizar detalladamente cada expediente, el Tribunal constató que en dichas contrataciones no existían las irregularidades delictivas señaladas en la imputación preliminar.
Respecto a otros cheques emitidos a través del Consejo de Desarrollo Municipal por un valor superior a G. 157 millones, el juicio demostró que fueron cobrados por el tesorero comunal Jorge González. No obstante, las declaraciones y comprobantes ratificaron que el dinero llegó efectivamente a los trabajadores encargados de las obras públicas.
Remisión de antecedentes para nuevas pesquisas
A raíz de los testimonios surgidos durante el debate, el órgano judicial ordenó remitir antecedentes al Ministerio Público para abrir nuevas causas penales. Una de las líneas de investigación apunta al presunto uso irregular de G. 2.247 millones que quedaron fuera de la comprobación del juicio actual. La justicia busca transparentar el destino de dichos montos mediante indagaciones rigurosas y verificables.
Asimismo, los magistrados dispusieron investigar a dos mujeres contratadas por el municipio que admitieron no contar con ninguna trayectoria ni experiencia técnica en el rubro constructivo. Entre ellas figuran Sonia Brítez y Nilsa Godoy, cuyos servicios prestados a la administración local generaron dudas sustanciales en el colegiado. Estas contrataciones directas revelaron anomalías administrativas que deberán ser aclaradas en sede fiscal.
Por otra parte, se remitieron los antecedentes del funcionario municipal Juan Zayas por supuesta extorsión y cohecho pasivo agravado, además de Roque Ortiz por presunto soborno. Ortiz manifestó ante los jueces que debió entregar cerca del 50% de sus cobros a Zayas para garantizar la adjudicación de futuros proyectos comunitarios. Aunque el funcionario negó rotundamente haber recibido sumas indebidas, el Tribunal consideró imperativo profundizar las investigaciones sobre este presunto esquema.
Datos clave
- Condena dictada: La justicia sentenció al intendente Víctor Garay a dos años y seis meses de prisión por un daño patrimonial comprobado de G. 129.372.728.
- Reproche al fiscal: Los magistrados criticaron la falta de investigación del fiscal Luis Alberto Albertini, quien se limitó a copiar un informe de la Contraloría.
- Nuevas investigaciones: Se remitieron antecedentes para indagar el destino de más de G. 2.247 millones y la presunta participación de funcionarias y contratistas sin experiencia.
- Denuncia por coimas: Un contratista declaró que un funcionario municipal le exigió la mitad del dinero cobrado para asegurar contratos futuros.
