La imputación de Eddie Jara sacó a la luz una serie de transacciones financieras bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Asunción. De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público, el extitular de Petróleos Paraguayos realizó centenares de transferencias bancarias durante su segundo periodo al frente de la entidad estatal. Los investigadores señalaron que los millonarios montos no presentan respaldo comercial verificable.
El documento elaborado por la fiscala Yeimy Adle precisa que se identificaron 767 operaciones bancarias por un total de G. 1.336 millones dirigidas a 131 personas. Los envíos abarcan el periodo comprendido entre agosto de 2023 y marzo de 2026. Para los peritos judiciales, no existen comprobantes que demuestren una contraprestación en servicios o provisión de bienes por parte de quienes recibieron el dinero.
Destinatarios del círculo familiar y allegados
Dentro de la lista remitida al juzgado, el principal perceptor de los fondos fue su hermano Horacio Jara Rojas, funcionario legislativo comisionado a la Agencia Nacional de Tránsito. Esta persona percibió G. 206.770.128 mediante 240 transacciones continuas. En el segundo puesto figura la exmodelo Eliana Caballero, quien recibió G. 158.560.000 a través de 43 pagos luego de haber sido desvinculada de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay.
El informe también involucra a la diputada Johana Vega Insfrán, actual pareja del exadministrador estatal. La legisladora cobró G. 126.425.000 repartidos en 42 transferencias efectuadas entre mayo de 2024 y diciembre de 2025. Otros parientes directos como sus hermanos Patricia y Víctor Omar Jara, además de su hija menor y Humberto Campuzano, recibieron sumas que superan los G. 230 millones en conjunto.
El esquema bajo la lupa en la imputación de Eddie Jara
Las pesquisas fiscales también detectaron desembolsos a empleados y funcionarios de la petrolera estatal. Entre los beneficiarios aparece William Wilka, actual titular de la institución, quien cobró G. 62.039.230 distribuidos en 13 operaciones bancarias. Asimismo, Aníbal Enrique Pose Gill, responsable de Seguridad y Vigilancia de la firma, percibió G. 41 millones en 17 transacciones.
La lista incluye transferencias hacia custodios policiales y proveedores que mantenían contratos con la empresa pública. Diana Lorena Cabello Ortúzar, proveedora de pasajes aéreos, percibió G. 40 millones poco antes de viajes oficiales a los Estados Unidos. Todos estos elementos refuerzan la imputación de Eddie Jara planteada por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos.
Fondos sin sustento económico legítimo
El dictamen técnico expone que los movimientos no guardan relación con el perfil económico del investigado. Los analistas excluyeron las operaciones entre cuentas bancarias del propio imputado y las devoluciones institucionales para calcular la suma exacta bajo pesquisa. Según los peritajes contables, el monto patrimonial no justificado supera ampliamente los G. 5.399 millones.
Los investigadores indicaron que el exfuncionario registraba balances mensuales en números rojos a pesar de declarar préstamos privados cuantiosos. Ante estos indicios, la justicia paraguaya busca determinar el destino final y el origen del dinero público administrado durante su mandato.
Datos clave
- Monto bajo sospecha: La fiscalía constató 767 transferencias por G. 1.336 millones dirigidas a 131 receptores distintos.
- Principales beneficiarios: Los mayores importes fueron cobrados por familiares cercanos, su pareja sentimental y allegados directos.
- Funcionarios vinculados: Empleados y actuales directivos de la petrolera pública también figuran en la lista de transacciones bancarias.
- Desbalance financiero: El Ministerio Público determinó un patrimonio no justificado que sobrepasa los G. 5.399 millones.
