La controversia institucional en torno al caso Zenaida Delgado sumó una jornada de alta tensión política tras la comparecencia de tres trabajadoras parlamentarias ante la sede legislativa en Asunción. Las denunciantes acudieron al Congreso con el propósito de exponer los presuntos abusos ante los integrantes de la bancada oficialista del Partido Colorado. El grupo de empleadas teme que las consideraciones de conveniencia numérica bloqueen cualquier intento de sanción o remoción parlamentaria.
De acuerdo con los testimonios brindados a la prensa, la legisladora habría instaurado un esquema irregular que afectaría al menos a una quincena de servidores del Poder Legislativo. La presunta mecánica consistía en la exigencia sistemática de las bonificaciones salariales que los funcionarios percibían por ley. Estos recursos, según el relato expuesto, debían ser transferidos de forma directa a cuentas bancarias de la parlamentaria o entregados en efectivo a través de terceras personas que fungían de intermediarias.
Acusaciones de cobros millonarios por cargos
Las afectadas no solo relataron la apropiación indebida de rubros adicionales ordinarios, sino que también revelaron la supuesta solicitud de pagos extraordinarios. Conforme a las capturas de pantalla de servicios de mensajería y registros de audio acercados, la congresista habría pedido cifras que alcanzaban hasta 100 millones de guaraníes para tramitar la incorporación permanente de dependientes en la institución.
Lidia González, una de las dependientes que formuló el reclamo público, rechazó de manera categórica la coartada que pretendía involucrar a la expareja sentimental de la legisladora como único receptor del dinero. La trabajadora afirmó que los giros bancarios eran recepcionados por la propia senadora y aseguró tener plena disposición para que los peritos del Ministerio Público inspeccionen su teléfono celular. Asimismo, expuso la designación de estilistas de la congresista que cobraban pluses estatales derivados a la política.
La repercusión institucional del caso Zenaida Delgado
Frente al impacto de las declaraciones, la senadora opositora Yolanda Paredes anunció la preparación formal de un libelo acusatorio con el objetivo de solicitar la pérdida de investidura por presunto uso indebido de influencias. Este mecanismo constitucional contempla la destitución cuando un legislador utiliza indebidamente su posición de poder en beneficio propio o particular. La bancada oficialista, sin embargo, mantiene bajo reserva la dirección de sus votos.
Por su parte, el senador Juan Carlos Galaverna hijo manifestó que la postura del bloque colorado se definirá de manera conjunta una vez que se examine el expediente y las evidencias adjuntas. El legislador oficialista admitió ante los medios de comunicación que, en caso de comprobarse la existencia de los delitos denunciados, la salida correspondiente contemplada en el reglamento es la destitución parlamentaria.
Trámite disciplinario y expectativas ciudadanas
A medida que se revelan detalles en el caso Zenaida Delgado, la ciudadanía y los sectores parlamentarios independientes observan el proceder de la mayoría partidaria en la Cámara Alta. El desenlace del caso Zenaida Delgado medirá el nivel de tolerancia de la conducción partidaria frente a denuncias que involucran retenciones indebidas a funcionarios del Estado paraguayo.
Para que prospere una expulsión, la Constitución Nacional y el reglamento interno del Senado requieren de mayorías calificadas que dependen en gran medida del bloque que acompaña al Gobierno nacional. Las trabajadoras reiteraron su inquietud ante una eventual protección corporativa orientada a preservar la mayoría numérica en el recinto legislativo durante las próximas sesiones ordinarias.
Datos clave
- Tres funcionarias del Congreso denunciaron formalmente la retención obligatoria de sus bonificaciones y cobros indebidos.
- La senadora Zenaida Delgado fue señalada por supuestamente exigir transferencias y montos de hasta 100 millones de guaraníes por nombramientos permanentes.
- La bancada de Cruzada Nacional impulsa la solicitud formal de pérdida de investidura por uso indebido de influencias.
- El oficialismo en el Senado definirá su postura en bloque luego de revisar las grabaciones y elementos probatorios aportados.
