El cobro regular de los impuestos a combustibles podría restablecerse en Guatemala si el gobierno de Bernardo Arévalo no tramita una extensión antes del 31 de diciembre. Ante este escenario, cuatro de las principales organizaciones del transporte de cargas y pasajeros enviaron una solicitud formal al mandatario para evitar que el vencimiento del beneficio impositivo desate incrementos inmediatos en fletes y pasajes.
La advertencia fue remitida de manera conjunta por Gretrucex, Gretexpa, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la Cámara Interamericana de Transportes Internacionales e Interamericana Transportación. Los gremios remarcaron la urgencia de sostener el marco vigente para frenar presiones alcistas en los bienes de consumo básico.
El reclamo sectorial sobre los impuestos a combustibles
Las entidades recordaron que la suspensión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo rige mediante el Decreto 22-2026. Esta normativa fue sancionada a finales de septiembre por el Poder Ejecutivo tras jornadas de reclamos y cortes de rutas impulsados por transportistas ante la escalada en los derivados del crudo.
El Congreso guatemalteco había aprobado la iniciativa con un respaldo de 148 votos bajo la figura de urgencia nacional. La disposición estableció un beneficio directo que redujo los valores de la gasolina superior, la gasolina regular, el diésel y el gas oil en las estaciones de servicio durante el último trimestre del año.
Impacto en los costos logísticos y la canasta familiar
De acuerdo con los cálculos legislativos, la medida significó una reducción de hasta 9,41 quetzales por galón en la gasolina superior y de 6,34 quetzales en el diésel. El regreso de los gravámenes sin un mecanismo de amortiguación implicaría un ajuste automático a partir del 1 de enero de 2027.
Los transportistas subrayaron que el diésel representa un insumo clave para la cadena logística y no únicamente para el traslado vehicular. Cualquier encarecimiento en este combustible presiona de forma directa sobre las tarifas del flete comercial, el boleto extraurbano y los costos de las pequeñas y medianas empresas.
El sector advirtió además que el vencimiento de la norma coincidirá con el inicio del ciclo lectivo escolar. En ese momento del año, los hogares deben costear uniformes, matrículas y útiles escolares, por lo que una suba en el costo de vida generaría dificultades financieras severas para las familias trabajadoras.
La urgencia de un debate legislativo antes del receso
En su carta abierta, los gremios plantearon al Ejecutivo la necesidad de remitir propuestas técnicas al Congreso de la República de forma inmediata. La proximidad del receso parlamentario y las festividades de fin de año achican los tiempos hábiles para consensuar acuerdos políticos entre las distintas bancadas.
El costo fiscal estimado de la exención tributaria alcanza los 3.318,4 millones de quetzales durante su vigencia de tres meses. De esa cifra, casi dos mil millones corresponden al IVA y más de mil trescientos millones al tributo específico sobre la distribución petrolera.
Como alternativa a una prórroga integral, las organizaciones propusieron evaluar compensaciones focalizadas para aminorar el regreso del régimen impositivo ordinario. Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni las autoridades del parlamento guatemalteco emitieron declaraciones sobre si extenderán el Decreto 22-2026.
Datos clave
- Vencimiento cercano: La exención tributaria aprobada por el Congreso vence el próximo 31 de diciembre.
- Sectores movilizados: Cuatro organizaciones gremiales enviaron una carta abierta al presidente Bernardo Arévalo.
- Impacto previsto: El restablecimiento de los gravámenes aumentará los precios del diésel y las gasolinas desde enero de 2027.
- Costo fiscal: El alivio temporal implicó una renuncia tributaria estimada en 3.318,4 millones de quetzales.
