El debate sobre la reforma judicial en Guatemala sufrió un freno abrupto cuando la asociación Poder Ciudadano anunció el retiro definitivo de su iniciativa ciudadana. La medida fue comunicada por el abogado Édgar Ortiz este jueves 5 de noviembre ante el Congreso de la República, luego de registrarse constantes hostigamientos contra directivos y voluntarios.
La determinación se tomó durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la citada plataforma civil. Las autoridades de la organización concluyeron que preservar la vida e integridad física de sus integrantes resultaba primordial frente a cualquier aspiración legislativa.
Amenazas contra impulsores de la reforma judicial en Guatemala
Los episodios de amedrentamiento se iniciaron cuando los miembros del colectivo socializaban el texto legal y reunían adhesiones en diversas regiones. Ortiz informó al parlamento que tanto él como su esposa, quien ejerce la dirección ejecutiva del movimiento, padecieron constantes seguimientos e intimidaciones directas.
Estas maniobras de presión no se limitaron únicamente a la cúpula directiva. La persecución alcanzó igualmente a los colaboradores comunitarios y líderes departamentales que coordinaban la recolección de firmas en el interior del país.
Debido a la persistencia del hostigamiento, la organización formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público en septiembre. Sin embargo, las advertencias continuaron en las semanas posteriores, obligando a cancelar un congreso ciudadano planificado para el 31 de octubre.
Reacciones institucionales y continuidad parlamentaria
El proyecto original había ingresado formalmente el 28 de septiembre mediante el artículo 277 de la Constitución guatemalteca, sustentado con más de 16.000 firmas de respaldo popular. Frente a los hechos denunciados, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala solicitó una investigación exhaustiva a los entes encargados de la seguridad pública.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo condenó públicamente las intimidaciones dirigidas hacia los activistas. El mandatario confirmó además que el Ministerio de Gobernación articuló canales de comunicación con los afectados para implementar esquemas de protección.
A pesar de la cancelación de la vía popular para tramitar la reforma judicial en Guatemala, un bloque multipartidario de diputados decidió asumir el contenido de la propuesta. Los legisladores suscribieron e ingresaron el documento a la Dirección Legislativa para mantener vigente la discusión constitucional.
Impacto del retiro y el debate pendiente
Desde la organización enfatizaron que el fortalecimiento institucional de la justicia constituye una causa de interés nacional y no una bandera partidaria o ideológica. Ortiz remarcó que cualquier texto normativo debe debatirse mediante argumentos cívicos y nunca bajo coacciones ilegales.
Poder Ciudadano agradeció el compromiso demostrado por los miles de firmantes y adelantó que continuará activo en el ámbito civil. Aunque la propuesta respaldada por firmas quedó sin efecto legal, el trámite parlamentario impulsado por los congresistas definirá el futuro de las modificaciones judiciales en la nación centroamericana.
Datos clave
- Retiro formal: La organización civil Poder Ciudadano canceló su iniciativa respaldada por más de 16.000 firmas tras constantes hostigamientos.
- Afectados directos: Las intimidaciones alcanzaron al directivo Édgar Ortiz, a su cónyuge y a diversos voluntarios departamentales.
- Vía legislativa: Diputados de distintas bancadas retomaron el proyecto e ingresaron el texto a la Dirección Legislativa del Congreso.
- Respuesta gubernamental: El presidente Bernardo Arévalo repudió los ataques y coordinó medidas de protección con el Ministerio de Gobernación.
