El trámite de la idoneidad de abogados enfrenta una profunda revisión legislativa en Panamá, luego de que cerca de mil profesionales quedaran imposibilitados de ejercer formalmente debido a exigencias recientes. La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional dio curso a dos iniciativas para ajustar los requisitos vigentes.
Ambos proyectos de ley pretenden mitigar los efectos perjudiciales derivados de la promulgación de la Ley 500 de 2025. Aunque los dos textos coinciden en la urgencia de destrabar los trámites paralizados, difieren sustancialmente en la modalidad de solución que proponen a los egresados.
Antecedentes y trabas de las normativas recientes
Durante casi cuatro décadas, la regulación del ejercicio jurídico panameño estuvo sujeta a la Ley 9 de 1984, la cual otorgaba el permiso profesional únicamente con la presentación del diploma universitario. Más tarde, la Ley 350 de 2022 incorporó la obligatoriedad de rendir un examen de conocimientos.
La posterior sanción de la Ley 500 de 2025 modificó el esquema al plantear tres caminos excluyentes: un examen de suficiencia, la publicación de una tesis en revistas académicas indexadas o la prestación de tres meses de labor voluntaria. Sin embargo, dicha normativa restringió la opción de rendir la prueba únicamente a quienes iniciaron la carrera tras su promulgación.
Esta delimitación temporal dejó en una encrucijada a quienes cursaron antes de la reforma. Muchos no realizaron tesis por culminar sus estudios mediante seminarios o posgrados, mientras que otros no pudieron publicar en revistas especializadas o compatibilizar el voluntariado con sus empleos actuales.
Propuestas legislativas y régimen transitorio
La primera de las iniciativas legislativas corresponde a la titular de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. Su texto plantea establecer un régimen transitorio específico que ampare a las personas que hayan comenzado la carrera antes del 24 de noviembre de 2025.
El plan de Castañedas busca que estos graduados tramiten su matrícula conforme al marco legal previo al cambio normativo. Asimismo, estipula que los expedientes rechazados o demorados sean revisados en un plazo máximo de 60 días para regularizar la situación.
Nuevas vías para tramitar la idoneidad de abogados
Por su parte, el vicepresidente legislativo Manuel Cheng presentó un camino alternativo que busca habilitar las tres opciones a todos los egresados sin distinción temporal. En su documento, se facilita el proceso al sustituir la exigencia de publicar en revistas por una constancia universitaria.
En cuanto a la práctica comunitaria de 480 horas, Cheng contempla que se pueda realizar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana o jornadas nocturnas. Además, la propuesta amplía los organismos receptores hacia juzgados y diversas áreas auxiliares del sistema judicial.
La idoneidad de abogados continúa siendo un tema de constante interés gremial. Alexander Hepburn, representante del Colegio Nacional de Abogados, respaldó la necesidad de avanzar con las reformas para proteger a los egresados perjudicados.
Datos clave
- Afectados: Alrededor de mil graduados de Derecho se encuentran sin autorización formal para ejercer.
- Discusión: La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó dos anteproyectos de ley para destrabar los trámites.
- Planteamientos: Castañedas impulsa un régimen transitorio previo a noviembre de 2025 y Cheng propone flexibilizar las exigencias vigentes.
