La situación de ocho guardabosques presos en Nicaragua genera una creciente alarma internacional tras divulgarse las denuncias de sus parientes sobre el abandono sanitario y los tratos inhumanos que sufren en la cárcel La Modelo. La Fundación del Río, una entidad socioambiental que debió trasladar sus operaciones a Costa Rica tras ser cancelada por el régimen de Daniel Ortega, canalizó los reclamos de los allegados ante el persistente temor a represalias estatales. Los afectados integran el territorio indígena Mayangna Sauni As, localizado en la reserva de biosfera de Bosawas.
Condiciones carcelarias y falta de atención médica
Los testimonios detallan que los detenidos atraviesan severos cuadros respiratorios provocados por la obligación de descansar sobre planchas de cemento sin abrigo adecuado. Al mismo tiempo, carecen de acceso a tratamientos farmacológicos básicos y a consultas médicas regulares dentro del establecimiento carcelario.
A esta precariedad se suma un régimen de abastecimiento de agua potable deficitario que registra cortes cotidianos, además de raciones de comida notablemente insuficientes. Los allegados señalaron igualmente que los guardias penitenciarios imponen castigos culturales al censurarles el uso de la lengua mayangna y restringir la práctica de sus costumbres y ritos espirituales.
Entre los comuneros privados de libertad se encuentran Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Donald Bruno Arcángel e Ignacio Celso Lino. Asimismo, permanecen recluidos Argüello Celso Lino, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Oliver y Evertz Bruno, capturados durante diversas intervenciones policiales ejecutadas entre 2021 y 2023.
Situación crítica de los guardabosques presos en Nicaragua
El caso judicial contra los guardabosques presos en Nicaragua comenzó a formalizarse en enero de 2023, cuando las autoridades los procesaron bajo acusaciones de crimen organizado, invasión comunal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Diez de los miembros comunitarios judicializados ya recibieron sentencias condenatorias firmes por parte de los tribunales estatales.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que estos guardabosques cumplían tareas legítimas de protección ambiental comunitaria. Su labor se concentraba en monitorear la penetración de colonos no indígenas, fiscalizar la comercialización ilegal de predios y documentar faenas extractivas no autorizadas en áreas protegidas.
Por consiguiente, las organizaciones no gubernamentales sostienen que las detenciones responden a una represalia premeditada por entorpecer negocios ilícitos en la reserva. La vulnerabilidad de los guardabosques presos en Nicaragua evidencia el desamparo institucional al que se exponen los defensores ecológicos en contextos autoritarios.
Presión territorial y hostigamiento contra las familias
Los familiares de los guardias indígenas indicaron que sufren un constante asedio mediante vigilancias no justificadas, interrogatorios arbitrarios e inspecciones forzadas a sus viviendas particulares. Varios testimonios manifestaron un temor generalizado a sufrir nuevas detenciones si continúan exigiendo justicia de manera pública.
La problemática de fondo radica en la constante pérdida de soberanía de los pueblos originarios sobre sus tierras ancestrales en el Caribe norte nicaragüense. Instancias globales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional han advertido sobre el riesgo de exterminio cultural que encaran estos colectivos frente a la invasión colonizadora.
En territorio nicaragüense conviven 304 comunidades autóctonas distribuidas en 23 demarcaciones, en su mayoría apartadas y afectadas por índices elevados de pobreza. La desprotección de estos espacios ecológicos no solo perjudica a las etnias locales, sino que deteriora los equilibrios ambientales esenciales para toda la región centroamericana.
Datos clave
- Ocho guardabosques indígenas de la etnia mayangna sufren condiciones extremas de reclusión y falta de asistencia médica en la cárcel La Modelo.
- La Fundación del Río presentó las denuncias de las familias desde Costa Rica debido a las amenazas y persecuciones vigentes en Nicaragua.
- Las autoridades penitenciarias impiden a los internos hablar en su idioma ancestral y realizar sus prácticas culturales tradicionales.
- Las condenas judiciales contra los defensores ambientales son consideradas por organizaciones civiles como represalias por combatir invasiones ilegales de tierras.
- El hostigamiento estatal alcanza a las familias en sus comunidades mediante allanamientos, espionaje y despojo territorial.
