El Ministerio Público presentó una imputación penal formal tras registrarse la fuga en Emboscada de dos personas privadas de su libertad que cumplían condena en un establecimiento de máxima seguridad. La fiscala zonal Fabiola Sosa Dalla Fontana formuló los cargos contra Pablo Abel González Apuril, quien se desempeñaba como titular del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza al momento del hecho. Asimismo, la representante fiscal requirió al juzgado la aplicación de la prisión preventiva para el exfuncionario mientras avanzan las pesquisas.
La imputación se sustenta en la presunta comisión de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, tipificado en el artículo 292 del Código Penal paraguayo, en concordancia con el artículo 293 que contempla la realización del hecho por parte de un funcionario público. La fiscalía solicitó un periodo de seis meses para llevar adelante la etapa preparatoria y reunir los elementos de convicción pertinentes, plazo que eventualmente podría ser prorrogado de acuerdo con las normativas procesales vigentes.
La orden para retirar evidencias tras la fuga en Emboscada
Conforme a los datos plasmados en el requerimiento del Ministerio Público, el escape ocurrió durante la madrugada del 25 de octubre, cerca de las 0:30, cuando los internos Ever Alejandro Ozuna y Ricardo Arsenio Merlo consiguieron burlar los controles del recinto. Horas después del suceso, durante la mañana, se habría desplegado una maniobra interna para retirar elementos claves del penal que podrían guardar relación con el plan de escape.
De acuerdo con la investigación, el subjefe de Seguridad de la penitenciaría, Mario Cristaldo, encomendó al agente penitenciario Pedro Antonio Balbuena Gayoso la recolección de los teléfonos celulares pertenecientes a los reclusos. La directiva señalaba que los aparatos debían ser introducidos en un bolsón y trasladados fuera del predio carcelario. La orden inicial habría sido impartida por el jefe de seguridad de la institución, Aldo Galeano, cumpliendo supuestas instrucciones directas de González Apuril.
Los investigadores sospechan que los dispositivos móviles incautados de manera irregular contenían registros y comunicaciones cruciales para esclarecer tanto la evasión como otras causas abiertas por el crimen organizado. Hasta el momento, el paradero de dichos aparatos telefónicos es desconocido, lo que configuraría la obstrucción investigativa señalada por la fiscala del caso.
El perfil delictivo de uno de los fugitivos
Uno de los protagonistas del escape carcelario es Ever Alejandro Ozuna López, conocido con el alias de Tanchí, quien se encontraba cumpliendo una sentencia de 23 años de pena privativa de libertad, a la que se sumaron cinco años de medidas de seguridad. Esta condena fue dictada en el año 2024 debido a su probada participación en secuestros extorsivos en la zona de Capitán Bado, en el departamento de Amambay.
La captura de Ozuna López se concretó en diciembre de 2020 durante la denominada Operación Sapucái, encabezada por el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional en una estancia ubicada en Yby Yaú, departamento de Concepción. En aquella incursión fueron aprehendidos otros tres presuntos colaboradores del esquema criminal y resultaron abatidos tres miembros del grupo delictivo durante un enfrentamiento armado con las fuerzas públicas.
Los antecedentes policiales señalan además que la banda liderada por Tanchí perpetró en noviembre de 2019 la retención forzosa de un productor ganadero brasileño y de su entorno familiar. En aquella ocasión, los secuestradores irrumpieron con armas de fuego en la propiedad rural y exigieron una alta suma en moneda extranjera para devolverles la libertad, logrando cobrar un rescate parcial antes de huir.
Vulnerabilidad en penales de máxima seguridad
El penal Martín Mendoza forma parte de la nueva infraestructura penitenciaria construida con el objetivo de albergar a reclusos de alta peligrosidad bajo estrictos regímenes disciplinarios y tecnológicos. Sin embargo, las circunstancias en las que se produjo este hecho vuelven a poner en debate la efectividad de las medidas de control interno y la confiabilidad del personal asignado a estas dependencias.
Las autoridades penitenciarias y policiales mantienen activos diversos operativos de búsqueda y rastrillaje para recapturar a ambos fugitivos en distintas zonas del territorio nacional. Mientras tanto, el proceso penal contra las autoridades sospechadas de complicidad continuará en sede judicial para deslindar las responsabilidades penales de quienes debían velar por la seguridad del establecimiento.
Datos clave
- Imputación penal: La fiscala Fabiola Sosa imputó al exdirector Pablo González por frustración de la persecución y ejecución penal con pedido de prisión preventiva.
- Evidencias desaparecidas: Se indaga la presunta orden de extraer teléfonos celulares de los internos para sacarlos del penal tras el escape.
- Condena prolongada: Uno de los fugados, Ever Alejandro Ozuna, purga una pena de 23 años más medidas de seguridad por secuestros extorsivos.
- Plazo procesal: La representación fiscal solicitó seis meses al juzgado para culminar la etapa investigativa de la causa.
