Los clientes afectados por el bloqueo de los fondos mutuos de Ueno presentaron una nota formal ante el Banco Central del Paraguay para solicitar precisiones sobre el estado de sus patrimonios. La medida de fuerza institucional arrastra casi una semana sin que los ahorristas reciban un calendario de solución ni pautas técnicas para mover sus recursos hacia administradoras habilitadas en el mercado.
El documento fue remitido de manera directa a la Superintendencia de Valores, organismo técnico dependiente de la banca matriz. En su presentación, los participantes detallaron que hasta el momento no recibieron respuestas sobre las disposiciones adoptadas para precautelar sus saldos.
Incertidumbre sobre los fondos mutuos de Ueno
La vocera designada por el colectivo de inversores, Talía Cabezudo, explicó que la falta de definiciones oficiales incrementa el malestar de los ahorristas. Según detalló la representante, las consultas realizadas en distintas ventanillas institucionales solo tuvieron como respuesta pedidos de paciencia sin sustento operativo.
Los participantes que colocaron su capital en los fondos mutuos de Ueno subrayaron que no buscan un rescate desordenado de su dinero. La intención de los recurrentes radica en que la autoridad monetaria establezca un mecanismo seguro para canalizar los fondos hacia otra casa de bolsa que cuente con licencia y autorización legal.
Para concretar dicho traslado, la agrupación exige la publicación de un cronograma oficial con fechas límite bien determinadas. Igualmente, pidieron formalizar la nómina de administradoras autorizadas para absorber las cuentas, junto con los formularios y requisitos que deberán completar los titulares.
La propuesta de transferencia y el reclamo a los directivos
En su comunicado, los afectados expresaron que no acuden a solicitar favores excepcionales, sino que exigen transparencia básica y el cumplimiento de las garantías legales que amparan a los inversores bursátiles. El objetivo central se enfoca en habilitar un conducto administrativo ordenado que frene el daño patrimonial derivado del congelamiento.
Cabezudo también cuestionó con dureza la conducta de Joshua Abreu, a quien identificó como máxima autoridad de la firma bursátil vinculada al grupo. La portavoz lamentó la ausencia de contacto directo o explicaciones por parte de la directiva empresarial durante estas jornadas de tensión.
Ante el silencio de los responsables directos, los inversionistas remarcaron que el destino de sus ahorros permanece bajo el exclusivo arbitrio del ente regulador. Por esa razón, solicitaron la apertura de una vía oficial y verificable para consultas técnicas permanentes.
El marco regulatorio y el rol supervisor de la banca matriz
La Superintendencia de Valores opera bajo la estructura orgánica del Banco Central del Paraguay con el mandato de fiscalizar la conducta de las entidades del mercado de capitales. Esta dependencia tiene a su cargo la vigilancia del cumplimiento normativo para proteger los derechos de quienes depositan su confianza en instrumentos financieros.
En la legislación paraguaya, los fondos patrimoniales administrados por entidades bursátiles constituyen masas de bienes independientes del patrimonio de la propia compañía gestora. Este principio legal busca resguardar las colocaciones de los clientes frente a contingencias operativas o medidas de resolución bancaria.
Los ahorristas esperan que el Banco Central del Paraguay emita una resolución aclaratoria en el transcurso de las próximas horas. De este modo, el sistema financiero busca llevar calma y certidumbre a quienes mantienen colocaciones en instrumentos colectivos de inversión.
Datos clave
- Reclamo formal: Los inversionistas presentaron una nota ante la Superintendencia de Valores para exigir información sobre sus recursos y plazos de regularización.
- Migración de capitales: El colectivo solicita habilitar un proceso para transferir sus inversiones hacia otras administradoras y casas de bolsa autorizadas.
- Falta de comunicación: La vocera del grupo, Talía Cabezudo, criticó la ausencia de respuestas oficiales y el silencio de las autoridades corporativas.
- Atención institucional: Los afectados demandan la apertura de un canal de consultas oficial con actualizaciones periódicas y verificables.
