Los fondos de Senabico debían financiar la asistencia a personas afectadas por las drogas, pero hasta el momento no se conocen iniciativas concretas en el territorio nacional. Ante esta situación, el exdiputado paraguayo Éber Ovelar expresó su profunda frustración por el aparente incumplimiento del mandato legal en la materia. El exlegislador señaló que la normativa vigente establece una distribución clara que no se refleja en la realidad sanitaria del país.
El reclamo por el destino del dinero incautado
De acuerdo con lo expresado por Ovelar, la legislación vigente determina de manera categórica que la mitad de lo recaudado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados debe canalizarse hacia tratamientos médicos y reinserción social. Sin embargo, el exrepresentante parlamentario manifestó que no tiene constancia de ningún plan oficial que se encuentre en ejecución para responder a esta urgencia comunitaria.
El exlegislador insistió en que el espíritu original de la normativa buscaba reparar el daño social generado por el crimen organizado. Al incautar bienes a los grupos dedicados al tráfico de sustancias, los recursos debían transformarse en herramientas públicas para asistir a las víctimas directas de ese esquema ilícito mediante centros de recuperación, medicamentos y atención integral.
La función de la Senabico y el marco normativo
La administración de las propiedades decomisadas al crimen organizado recae sobre la secretaría estatal encargada de custodiar, monetizar y subastar dichos bienes. Los fondos de Senabico proceden del remate de mansiones, vehículos de alta gama, aeronaves y cuentas bancarias incautadas en operativos contra estructuras criminales en diversos puntos de la república.
La legislación paraguaya estipuló que una porción sustancial de ese dinero debía ser transferida para fortalecer las políticas de salud pública y prevención de adicciones. Pese a este mandato explícito, el exparlamentario cuestionó la falta de resultados visibles en el territorio, donde las familias carecen de opciones públicas accesibles para internar y tratar a personas con problemas de consumo problemático.
Distribución de fondos de Senabico en el interior del país
Uno de los objetivos primordiales previstos durante el diseño de la normativa era la descentralización de los servicios terapéuticos en todo el territorio paraguayo. Ovelar remarcó que la expectativa ciudadana apuntaba a la apertura de centros asistenciales especializados, como mínimo, en las principales cabeceras departamentales para evitar que los pacientes dependan únicamente de la capital.
No obstante, esa cobertura proyectada no llegó a materializarse según su testimonio, lo que deja desprotegidas a numerosas localidades alejadas de Asunción. La ausencia de espacios de rehabilitación públicos obliga a muchas familias de escasos recursos a costear tratamientos en el sector privado o a enfrentar el avance del flagelo sin ningún respaldo médico institucional.
Urgencias del sistema sanitario y reclamos ciudadanos
El consumo de estupefacientes constituye una de las principales problemáticas sociales y de seguridad que golpean a las comunidades en Paraguay. La falta de infraestructura estatal para atender la desintoxicación y el acompañamiento psicológico agrava el impacto de la delincuencia barrial y el deterioro de la calidad de vida de miles de jóvenes.
Frente a este escenario, las declaraciones del exlegislador vuelven a poner en el debate público la necesidad de auditar y transparentar la gestión de los recursos obtenidos del narcotráfico. Diversos sectores reclaman que el dinero recuperado cumpla con el propósito social que justificó la creación de las leyes de decomiso y administración de activos.
Datos clave
- Exigencia legal incumplida: La normativa vigente establece que el 50% de las recaudaciones por decomisos debe destinarse a la rehabilitación y reinserción de adictos.
- Falta de programas visibles: El exdiputado Éber Ovelar denunció que no conoce ningún programa oficial que esté funcionando con estos recursos específicos.
- Descentralización pendiente: La ley contemplaba la habilitación de centros de atención especializados en las principales cabeceras departamentales de Paraguay.
- Origen de los recursos: El dinero proviene de la subasta y administración de bienes, residencias y vehículos incautados a redes del narcotráfico.
