La educación de género volvió al centro del debate parlamentario tras una decisión adoptada por la Cámara Baja. Los legisladores aprobaron un proyecto de declaración que solicita formalmente al Ministerio de Educación y Ciencias levantar las restricciones vigentes sobre contenidos didácticos vinculados a esta temática en las instituciones educativas del país.
La propuesta impulsada por la diputada Johanna Ortega no encontró objeciones durante su tratamiento en el plenario. Incluso representantes de las bancadas oficialistas acompañaron el visto bueno al pronunciamiento, en una sesión ordinaria donde la proyectista se ausentó por complicaciones de salud.
El alcance de las resoluciones ministeriales cuestionadas
El requerimiento legislativo apunta de manera concreta a dos normativas dictadas por la cartera educativa en diferentes periodos. La primera de ellas corresponde a la Resolución 29.664 del año 2017, suscripta durante el mandato ministerial de Enrique Riera, la cual fijó límites estrictos al empleo de materiales teóricos sobre cuestiones de género en las aulas.
Asimismo, el documento incluye el reclamo contra la Resolución 1.803 emitida en 2025 bajo la conducción del actual ministro Luis Ramírez. Aquella disposición ratificó y expandió los alcances de la prohibición anterior, consolidando el bloqueo administrativo a diversos textos pedagógicos en los colegios públicos.
Debate sobre educación de género y prevención de violencia
Los fundamentos de la declaración legislativa enfatizan que abordar la educación de género resulta indispensable para dotar a los docentes de herramientas de detección temprana ante agresiones contra niñas y adolescentes. Los parlamentarios recordaron las obligaciones del Estado consagradas en la Ley 5.777 de Protección Integral a las Mujeres.
El reclamo cobró fuerza tras el impacto social ocasionado por el feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, registrado en la ciudad de Lambaré. La víctima contaba con denuncias formales y medidas de protección que resultaron insuficientes, lo que reactivó la exigencia de políticas preventivas sostenidas desde la etapa escolar.
Cuestionamientos a materiales del programa EASE
La discusión ministerial coincide con las críticas dirigidas al plan Educación en la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela. Diversos sectores cuestionaron los contenidos experimentales de estos cuadernillos por reproducir estereotipos sobre las conductas femeninas e incorporar una polémica reseña biográfica sobre Adolf Hitler sin el debido contexto de sus crímenes.
Frente a los cuestionamientos iniciados por la senadora Esperanza Martínez, el titular del MEC anunció la apertura de sumarios y la supresión de los párrafos controvertidos. Sin embargo, diversos legisladores remarcaron que los programas de educación de género resultan esenciales para garantizar una formación equitativa y libre de prejuicios.
El impacto institucional del pedido parlamentario
Al tratarse de una declaración y no de una ley obligatoria, el pedido de los diputados no deroga automáticamente las resoluciones vigentes. La definición última permanece sujeta al arbitrio de la máxima autoridad educativa en Paraguay.
No obstante, la aprobación unánime de la iniciativa marca un giro político relevante en el Congreso Nacional. El organismo administrativo enfrenta ahora la presión institucional de adecuar sus reglamentos internos a los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por la República.
Datos clave
- La Cámara de Diputados aprobó una declaración que pide anular las normativas que restringen contenidos formativos en las escuelas.
- Las resoluciones ministeriales involucradas datan de 2017 y 2025, dictadas durante las gestiones de Enrique Riera y Luis Ramírez.
- El reclamo legislativo se vincula con la necesidad de prevenir la violencia machista tras recientes casos de feminicidio en el país.
- El pronunciamiento carece de fuerza coercitiva, por lo que la decisión final de derogación recae en las autoridades del MEC.
