La aplicación de las multas por no votar entrará en vigencia formal mediante un mecanismo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en Paraguay. El anuncio fue realizado por el titular del organismo durante su exposición ante parlamentarios en la sede del Congreso. La iniciativa surge en un contexto de duros cuestionamientos legislativos relacionados con presuntas manipulaciones de los padrones distritales.
El procedimiento para aplicar las multas por no votar
Durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el presidente de la máxima instancia electoral, Jorge Bogarín, ratificó que la institución avanzará con la exigencia legal hacia los infractores. La penalización económica prevista equivale a un jornal mínimo, suma fijada en 117.077 guaraníes. Las cuentas bancarias requeridas para recibir los fondos ya están habilitadas institucionalmente.
El sistema para efectivizar estas sanciones no ejecutará débitos automáticos sobre la población. La entidad electoral verificará de forma previa si el elector cuenta con un justificativo legalmente válido para haberse ausentado de los comicios. Cuando corresponda, los casos pasarán a instancias judiciales para validar la exigibilidad de las multas por no votar. Además, se habilitará una plataforma en línea para consultar el estado del elector mediante su cédula.
Denuncias por traslados sospechosos y depuración del padrón
La presentación de las autoridades electorales estuvo marcada por los reclamos de legisladores sobre presuntos fraudes en el empadronamiento. El diputado Emilio Pavón denunció que se registraron 880 traslados con certificados presuntamente falsos en San Carlos del Apa, departamento de Concepción, además de recordar irregularidades recurrentes en la zona de San Alfredo. Señaló que estas prácticas suelen ser incentivadas económicamente para beneficiar a ciertos sectores.
Por su parte, la diputada Cristina Villalba sostuvo que existen pruebas documentales sobre mudanzas fraudulentas de electores en Canindeyú, las cuales involucrarían a una exfuncionaria. Al mismo tiempo, el diputado César Cerini indicó que votantes de Encarnación fueron asignados a otros municipios. Ante esto, Bogarín afirmó que derivará los antecedentes al Ministerio Público y prometió tolerancia cero ante hechos punibles cometidos por funcionarios.
La senadora Blanca Ovelar manifestó inquietud por electores de avanzada edad que continúan figurando como habilitados en el sistema. Bogarín aclaró que la ley exige certificados oficiales de defunción para dar de baja a una persona fallecida. Para superar esta limitación técnica, propuso evaluar una reforma legislativa que excluya del padrón a quienes no voten en dos comicios generales sucesivos.
Discusión presupuestaria, contrataciones y sistema TREP
El proyecto financiero presentado por la Justicia Electoral para el ejercicio fiscal 2027 asciende a 923.923 millones de guaraníes. El director general de Administración y Finanzas, Daniel Echagüe, puntualizó que se contempla elevar el subsidio de salud para los funcionarios de 300.000 a 500.000 guaraníes. Los fondos también cubrirán los gastos organizativos, equipos tecnológicos y capacitaciones previas a las internas del próximo ciclo comicial.
Durante la sesión, el senador Ignacio Iramain cuestionó la creación de 119 puestos y solicitó transparencia en las incorporaciones mediante concursos públicos. La conducción del TSJE respondió que las normativas del nuevo marco del servicio civil guiarán los procesos de selección venideros. Asimismo, se defendió la confiabilidad de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares frente a pedidos legislativos de demorar los reportes iniciales.
Datos clave
- Monto de la sanción: la falta de concurrencia injustificada conlleva una penalización fijada en un jornal mínimo de 117.077 guaraníes.
- Cobro no automático: la Justicia Electoral requerirá intervención judicial y un análisis previo para comprobar si existió justificación para ausentarse.
- Consulta digital: se implementará un portal web donde la ciudadanía podrá verificar su situación individual ingresando su cédula de identidad.
- Focos de irregularidad: parlamentarios denunciaron traslados sospechosos de domicilios electorales en los departamentos de Concepción, Canindeyú e Itapúa.
