Los fondos de Petropar por un valor cercano a los US$ 46 millones quedaron atrapados en Ueno Bank tras la intervención y proceso de resolución dictado por la banca matriz. El presidente de la petrolera estatal, William Wilka, confirmó el monto luego de varios días de requerimientos públicos y señaló que la institución presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público. La situación se originó en un convenio comercial firmado durante la administración anterior que exigía cuantiosos saldos bancarios para sostener promociones de combustible.
El acuerdo comercial y la retención de dinero
El origen de este escenario financiero se remonta a diciembre de 2023, cuando la empresa estatal y la entidad bancaria sellaron una alianza para otorgar reintegros de hasta el 50 % a los clientes que cargaban combustible. Como contrapartida directa de esas promociones masivas, la petrolera pública asumió la obligación de sostener un depósito permanente de US$ 55 millones dentro del banco privado. Las autoridades renovaban el contrato cada año con base en dictámenes jurídicos, análisis de mercado y reportes regulatorios.
El actual titular de la entidad explicó que el convenio inicial se suscribió durante la gestión de Eddie Jara, quien hoy afronta un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Wilka remarcó que durante su administración no autorizó la colocación de recursos en certificados de depósito de ahorro ni en instrumentos de inversión especulativos. Todos los activos se mantuvieron en cuentas a la vista con el fin de cubrir pagos ordinarios a proveedores locales e internacionales de hidrocarburos.
Impacto en los fondos de Petropar y el capital operativo
El dinero comprometido en la entidad financiera representaba cerca del 25 % del capital operativo total que manejaba la petrolera pública en los bancos de plaza. Los registros contables muestran que el saldo en la cuenta comenzó a disminuir de forma paulatina desde octubre del año pasado, momento en el que la estatal dejó de fondear la cuenta de manera regular. En dicho mes la diferencia respecto al compromiso fue de US$ 8,1 millones y trepó a US$ 24 millones en noviembre.
Posteriormente se logró revertir una transferencia de US$ 12 millones destinada a proveedores externos que no llegó a efectivizarse en los sistemas bancarios. A ese movimiento se sumó la emisión de cheques por unos G. 23.000 millones para amortizar deudas comerciales pendientes. Tras esas operaciones de ajuste, los fondos de Petropar retenidos al momento de decretarse la resolución bancaria se ubicaron finalmente por debajo de los US$ 46 millones.
Cuestionamientos al Banco Central y plan de contingencia
Las autoridades de la empresa estatal elevaron críticas directas hacia el Banco Central del Paraguay por los informes emitidos previamente sobre la solidez de la entidad bancaria. Según las declaraciones de Wilka, los reportes oficiales garantizaban que la institución financiera operaba en condiciones normales y estables antes de que se ordenara su cese operativo. El titular estatal calificó la situación como una profunda desazón y atribuyó a la banca matriz la entrega de información errónea sobre la solvencia real del banco intervenido.
Pese a la falta de liquidez inmediata generada por el bloqueo, la presidencia de la petrolera aseguró que las operaciones y los compromisos salariales no se verán comprometidos en el corto plazo. La administración ejecutó una reorganización presupuestaria de emergencia para garantizar la compra y distribución de derivados del petróleo en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, el Gobierno dispuso una baja en el Impuesto Selectivo al Consumo para el diésel común tipo III, lo que permitió anunciar una reducción en los precios al público en las estaciones de servicio.
Datos clave
- Monto atrapado: La petrolera estatal mantenía casi US$ 46 millones en cuentas a la vista al momento de iniciarse la resolución del banco privado.
- Peso financiero: El dinero inmovilizado equivalía al 25 % del capital operativo disponible de la empresa pública para sus transacciones cotidianas.
- Origen del convenio: El acuerdo comercial exigía mantener saldos millonarios a cambio de ofrecer reintegros de hasta 50 % en compras de combustible.
- Acciones legales: Las autoridades presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y responsabilizaron al Banco Central por emitir informes que avalaban la entidad.






