La crisis desatada tras el colapso financiero reavivó los reclamos sobre el destino de los fondos de IPS, ante la pérdida patrimonial sufrida por la previsional paraguaya. Diversos colectivos de jubilados y trabajadores activos se movilizaron en Asunción para pedir la remoción inmediata de las autoridades institucionales. Además, exigen que la Fiscalía actúe con celeridad para procesar a los responsables de las operaciones que pusieron en riesgo el dinero del seguro social.
El descontento ciudadano cobró fuerza luego de conocerse la intervención de Ueno Bank debido a graves problemas de insolvencia. Los asegurados consideran que las autoridades facilitaron la colocación de recursos institucionales en una entidad que presentaba alertas financieras. La indignación derivó en asambleas y pronunciamientos públicos que reclaman terminar con la impunidad en la administración de los aportes de los trabajadores.
Reclamos y manifestaciones frente al Congreso Nacional
Durante una protesta desarrollada en las inmediaciones del Congreso Nacional, manifestantes como Mauricio Romero y Arturo Ojeda criticaron con dureza la gestión administrativa. Ambos señalaron que los directivos de la previsional flexibilizaron normativas internas para concretar estas colocaciones. Según los denunciantes, el Ministerio Público debe intervenir de oficio y aplicar medidas cautelares severas contra quienes autorizaron los desembolsos.
Asimismo, referentes de los jubilados como Carmen Romero denunciaron que el cuerpo directivo conocía los riesgos de insolvencia de la entidad privada. Los manifestantes señalaron también al fiscal general del Estado por una presunta inacción ante el perjuicio económico. Para las agrupaciones de aportantes, no procesar a los consejeros implicados representa una falta de garantías para el patrimonio de miles de familias paraguayas.
Pérdida millonaria y riesgo para los fondos de IPS
De acuerdo con los datos institucionales, la previsional mantiene comprometidos más de 350 millones de dólares en el banco intervenido. Dicha cifra representa cerca del nueve por ciento de los activos totales que administra el seguro social paraguayo. Este nivel de exposición financiera desató una alarma generalizada ante el peligro latente de que los beneficios médicos y jubilatorios se vean afectados en el corto plazo.
A este escenario se suma que alrededor de 32.000 beneficiarios cobraban sus haberes mediante el banco bajo intervención. Los gremios recordaron también que el exconsejero Carlos Pereira planteó capitalizar la entidad privada en problemas poco antes de su caída. Aunque la iniciativa fue rechazada por las autoridades correspondientes, los jubilados demandan que esa maniobra sea investigada formalmente por el Ministerio Público.
Decisiones del Consejo de Administración e imputaciones
El Consejo de Administración del seguro social experimentó constantes rotaciones durante los últimos periodos por disposición del Poder Ejecutivo. Las resoluciones que autorizaron la adquisición masiva de bonos y certificados de depósito involucraron a figuras como Víctor Insfrán Dietrich, José Jara Rojas, Carlos Pereira y Jorge Brítez. Los manifestantes atribuyen a este órgano la responsabilidad legal de convalidar instrumentos de elevado riesgo patrimonial.
Actualmente, el expresidente Jorge Brítez afronta una imputación por supuesta lesión de confianza por un presunto daño de unos 61.000 millones de guaraníes. La causa se relaciona con supuestas irregularidades en la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS. Ante este historial, los asegurados piden ampliar las causas penales a las decisiones que comprometieron los recursos jubilatorios.
La Asociación de Asegurados y Jubilados ratificó su postura de exigir la salida de todos los consejeros en funciones, encabezados por Derlis León. El gremio remarcó que no consentirá el uso de los fondos de IPS para solventar salvatajes bancarios de entidades privadas. Mientras la inquietud persiste en la ciudadanía, el Gobierno intenta asegurar la continuidad de los pagos mediante reingenierías contables de emergencia.
Datos clave
- Reclamo penal: Aportantes y jubilados exigen la destitución inmediata de todo el Consejo de Administración y penas de prisión efectiva por las inversiones bancarias de riesgo.
- Monto comprometido: La previsional mantiene atrapados más de 350 millones de dólares en la entidad intervenida, suma que representa el 9% de sus activos totales.
- Jubilados afectados: Unos 32.000 beneficiarios pasivos percibían sus haberes mensuales de manera cautiva a través del banco en quiebra.
- Causa judicial abierta: El expresidente Jorge Brítez está imputado por presunta lesión de confianza en un caso de quirófanos modulares con perjuicio estimado de G. 61.000 millones.
