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Expresidente del BCP teme por su vida y guarda prisión preventiva por el caso Ueno Bank

Redaccion BM Online•9 de noviembre de 2026 a las 08:13 a. m.•Asunción

Autoridades judiciales y abogados conversan sentados alrededor de una mesa de reuniones con carpetas y computadoras.

El avance judicial en el caso Ueno Bank derivó en el traslado del expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, a la Agrupación Especializada tras alegar temor por su vida. La determinación fue resuelta por el juez penal de Garantías Humberto Otazú luego de que el exfuncionario solicitara medidas especiales de resguardo físico. Al comparecer ante el Ministerio Público, el imputado optó por abstenerse de prestar declaración indagatoria en el proceso que también involucra al expresidente Santiago Peña.

Durante su presencia en la sede fiscal, Carvallo evitó detallar si recibió amenazas puntuales o advertencias concretas, pero insistió ante los intervinientes en que siente un profundo temor por su seguridad personal. A diferencia de otros directivos vinculados a la entidad que guardan reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos de la capital, el extitular de la banca matriz fue derivado a la dependencia policial para precautelar su integridad mientras continúa el proceso penal.

La imputación fiscal en el caso Ueno Bank

El Ministerio Público formuló cargos contra Carvallo por la presunta comisión de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con los elementos recolectados por los agentes fiscales, el procesado habría omitido reportes técnicos indispensables relacionados con la solvencia financiera de la entidad intervenida.

Entre los antecedentes recopilados, los investigadores señalaron que el extitular del Banco Central suscribió y envió una nota formal a la Cámara de Senadores en octubre de 2026. En dicho documento, según la imputación, se habrían suprimido varios informes de auditoría, dictámenes de alerta interna y advertencias sobre excesos en operaciones con entidades vinculadas y venta de carteras comerciales.

Los fiscales intervinientes sostuvieron que existía un alto riesgo procesal de obstrucción a la investigación en caso de concederse medidas alternativas. La fiscalía argumentó ante el juzgado que el procesado podía destruir, modificar u ocultar elementos probatorios clave si permanecía en libertad durante el desarrollo de la causa.

Situación procesal de los demás involucrados

Dentro de la misma causa, el juzgado también ordenó la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, procesado por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio. La acusación contra el exmandatario sostiene que habría intervenido en gestiones para colocar fondos públicos y previsionales en la entidad financiera intervenida.

Peña se presentó en la Fiscalía General del Estado, donde igualmente optó por no declarar en la diligencia indagatoria. Con posterioridad a la audiencia, el juez Humberto Otazú dispuso su reclusión temporal en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial. Miles de ahorristas y depositantes afectados por las irregularidades financieras siguen de cerca el proceso con manifestaciones en el centro de Asunción.

El conflicto derivado de la intervención administrativa ha movilizado a diversos sectores económicos del país debido al impacto patrimonial generado en miles de clientes bancarios. La investigación penal continuará en las próximas semanas con el peritaje de documentos y testimonios técnicos para determinar el alcance total de las operaciones observadas por los peritos.

Datos clave

  • Carlos Dagoberto Carvallo quedó recluido en la Agrupación Especializada tras manifestar que teme por su vida ante las autoridades judiciales.
  • La fiscalía le imputa supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos de contenido falso.
  • Santiago Peña fue beneficiado con prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial en el marco del mismo proceso penal.
  • Los ahorristas afectados continúan con reclamos públicos exigiendo la recuperación de sus fondos tras la intervención a la entidad bancaria.

Fuente: abc.com.py

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