El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una investigación penal por el caso de los 1.090 títulos sin respaldo documental detectados entre funcionarios públicos, a partir de la denuncia presentada por la Contraloría General de la República (CGR).
El equipo fiscal
Mediante la Resolución FGE Nº 4187/2026, Rolón conformó un equipo de trabajo integrado por tres agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción:
- Francisco Cabrera,
- Verónica Valdez,
- Jorge Arce.
La coordinación estará a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón.
La denuncia fue presentada por los abogados Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría.
Lo que detectó la Contraloría
El informe preliminar del organismo de control arrojó estos resultados:
- 34.068 registros de títulos analizados.
- 1.090 títulos sin respaldo en las instituciones educativas consultadas.
- 1.082 funcionarios involucrados.
- 35 instituciones del Estado alcanzadas.
- 877 ofertas académicas sin acreditación vigente, de las cuales 184 corresponden al área de salud.
Además de la denuncia penal, la Contraloría recomendó al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) evaluar la suspensión de la habilitación de carreras hasta que se reorganicen los controles.
«No es el panorama completo»
El contralor general, Camilo Benítez, advirtió que la situación resultó mucho más grave de lo previsto y que los números todavía no reflejan la magnitud total del problema.
Al momento de elaborarse el informe, faltaban las respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas, por lo que la cifra de casos podría aumentar a medida que avance la revisión.
El Senado también investiga
El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos presuntamente falsos del Senado, señaló que los 1.090 casos deben ser aclarados con documentos.
Según Kemper, los hallazgos muestran fallas reiteradas en los controles, debilidades en los sistemas informáticos y concentración de funciones. Planteó la necesidad de establecer controles más rigurosos y de verificar cada caso de manera individual.
Qué puede pasar ahora
La Fiscalía deberá analizar caso por caso para determinar si se trata de documentos falsificados, de títulos emitidos por carreras no habilitadas o de simples fallas administrativas o de registro.
En los casos en que se confirme la falsedad, los responsables podrían enfrentar cargos por delitos como la producción y el uso de documentos no auténticos. Además, los funcionarios que hayan accedido a cargos o cobrado beneficios gracias a títulos irregulares podrían perder sus puestos.
El informe es preliminar: las verificaciones continuarán para establecer las circunstancias de cada caso y las eventuales responsabilidades.
