El nombramiento de la nueva fiscal general interina en Paraguay desató un fuerte debate institucional tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández. Juristas y exautoridades calificaron de inconstitucional e ilegal el acto concretado en la Cámara de Senadores, donde Alba Rocío Cantero prestó juramento para culminar el mandato hasta 2028. La designación se resolvió con 35 votos a favor, tres en contra y una abstención en el Congreso Nacional.
Cuestionamientos de constitucionalistas al juramento legislativo
El abogado y exsenador Hugo Estigarribia Gutiérrez manifestó que la ceremonia legislativa atropella el marco legal de la República. El especialista sostuvo que, al producirse una vacancia definitiva por dimisión del titular, corresponde aplicar de manera estricta el artículo 269 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay.
En ese sentido, Estigarribia señaló que el Consejo de la Magistratura tiene que convocar de inmediato a un concurso público para integrar la terna correspondiente y llenar el puesto vacante. Según su análisis, el mecanismo adoptado por los parlamentarios para investir a la fiscal general interina elude los pasos formales previstos en la Carta Magna y carece de sustento legítimo.
Controversia por la Ley Orgánica del Ministerio Público
Por su parte, la abogada y exministra de Justicia Cecilia Pérez expuso duros reparos respecto al procedimiento aplicado. Pérez advirtió sobre la delicada coyuntura del país y el rol protagónico que ejerce la institución en causas de alto impacto financiero. Afirmó que quién conduce la fiscalía y con qué grado de legitimidad lo hace resulta un elemento determinante en este escenario.
La exministra cuestionó la interpretación dada al artículo 51 de la Ley 1562/00, Orgánica del Ministerio Público. Explicó que Rolón Fernández no tenía atribuciones para elegir a su sucesor definitivo antes de apartarse. Dicho articulado solo autoriza a designar reemplazante ante ausencias temporales, por lo que una renuncia no puede ser tratada bajo esa figura.
La disputa por la antigüedad y el orden de sucesión
Pérez también remarcó que el fiscal adjunto Édgar Moreno Agüero debía tomar la posta por orden legal de antigüedad. Recordó que Moreno ejerce como agente desde 1988 y asumió como adjunto en 1994, ratificado ininterrumpidamente desde 2007 al frente de diversas fiscalías zonales del país.
En contraste, Cantero fue nombrada en el rango adjunto en agosto de 2015. Pérez argumentó que el orden fijado en la legislación prioriza la antigüedad en el área penal y que la fiscal general interina no puede pretender culminar el período constitucional completo de una autoridad renunciante sin pasar por el debido proceso.
Datos clave
- El Senado tomó juramento a Alba Rocío Cantero como fiscal general interina con 35 votos a favor, tres en contra y una abstención.
- Hugo Estigarribia denunció que el procedimiento viola el artículo 269 constitucional y reclamó que el Consejo de la Magistratura llame a concurso público.
- Cecilia Pérez sostuvo que por orden de prelación y antigüedad correspondía asumir la jefatura al fiscal adjunto Édgar Moreno.
- El relevo se produjo tras la renuncia del anterior titular, Emiliano Rolón Fernández, ante una inminente destitución legislativa.






