La designación interina para liderar la titularidad del cargo de fiscal general del Estado generó un intenso debate institucional tras la dimisión presentada por Emiliano Rolón. Ante esta vacancia imprevista en el Ministerio Público, el senador Javier Zacarías Irún afirmó que la fiscal adjunta penal Alba Cantero tiene el respaldo legal para culminar el mandato fijado originalmente hasta el año 2028.
Esta postura surge en medio de discrepancias jurídicas sobre los pasos a seguir. Mientras algunos sectores plantean que el Consejo de la Magistratura convoque a una terna, legisladores oficialistas sostienen que la continuidad corresponde a la actual encargada.
Debate sobre la continuidad del fiscal general del Estado
El legislador colorado Javier Zacarías Irún, quien encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara Alta, manifestó públicamente que la normativa vigente no exige un nuevo proceso de selección general. A su criterio, la persona que reemplaza a la autoridad saliente debe permanecer en funciones hasta que concluya el período de cinco años.
Para fundamentar su interpretación, el parlamentario comparó el escenario con el régimen de acefalía del Poder Ejecutivo. Mencionó que, ante una dimisión presidencial, no se realizan comicios adelantados, sino que asume la línea de sucesión prevista.
Zacarías Irún remarcó que las disposiciones normativas y la Constitución son terminantes sobre la periodicidad quinquenal de las autoridades designadas. Por esa razón, impulsará una sesión extraordinaria en la comisión asesora para analizar el tema y convocar eventualmente a Cantero.
Marco normativo y la sucesión en el Ministerio Público
La controversia inició tras la renuncia oficializada este martes por Emiliano Rolón al despacho principal de la Fiscalía. Al apartarse de sus funciones, Rolón designó a Alba Cantero con base en la Ley Orgánica del Ministerio Público, fundamentando la decisión en su antigüedad dentro del fuero penal.
El Ministerio Público representa a la sociedad civil en la persecución penal pública y ejerce la acción penal en el sistema judicial de Paraguay. Su máxima autoridad administrativa y misional es el fiscal general del Estado, cuya designación ordinaria involucra al Consejo de la Magistratura, al Senado y al Poder Ejecutivo.
Ante la renuncia de su titular, surge el dilema entre convocar un nuevo concurso de méritos o mantener a la sucesora por antigüedad hasta el vencimiento del período regular. La decisión que tome el Congreso sentará un precedente sobre la estabilidad y autonomía del órgano persecutor.
Controversia financiera en Itaipú y situación de directores
En sus declaraciones a los medios, el legislador también abordó la crisis desatada en la margen paraguaya de la entidad Itaipú Binacional. La controversia estalló tras conocerse la colocación de depósitos institucionales en Ueno Bank, entidad financiera clausurada recientemente por dificultades de insolvencia.
Los reglamentos internos de la represa hidroeléctrica fijan requisitos de solvencia y trayectoria para operar con entidades de plaza. De acuerdo con estas pautas, cualquier banco depositario debe poseer al menos cinco años continuos de operaciones formales en el mercado bancario de Paraguay, condición que la entidad afectada no reunía al momento de captar los fondos.
Consultado sobre la responsabilidad de su hermano, Justo Zacarías, actual director paraguayo del ente hidroeléctrico, el senador afirmó que cualquier autoridad está sometida a la justicia ordinaria. Además, reconoció la posibilidad de que el director deje su cargo en la binacional ante las repercusiones del caso.
Datos clave
- Renuncia en la Fiscalía: Emiliano Rolón presentó su dimisión y nombró a la fiscal adjunta Alba Cantero como encargada del despacho.
- Mandato hasta 2028: El senador Javier Zacarías Irún plantea que Cantero complete el período constitucional sin convocar a un nuevo concurso.
- Debate constitucional: El Senado llamará a una sesión extraordinaria de su Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar la acefalía.
- Crisis en Itaipú: La binacional depositó fondos en Ueno Bank sin respetar el requisito de cinco años mínimos de actividad de la entidad bancaria.






