El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), calificó de «disparatado e inconstitucional» el proyecto de ley impulsado por el diputado Alejandro Aguilera (ANR), que busca castigar con hasta 10 años de prisión el llamado «terrorismo financiero».
Según el legislador opositor, la iniciativa podría restringir la libertad de expresión y frenar las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Banco Central del Paraguay (BCP) y en Ueno Bank.
Qué propone el proyecto
La iniciativa busca tipificar como delito la difusión de falsedades que provoquen pánico financiero o desestabilicen el sistema bancario. Según explicó el propio Aguilera, prevé penas escalonadas:
- Hasta 5 años de cárcel para quien emita opiniones basadas en falsedades sobre el sistema financiero.
- Hasta 8 años en casos graves, cuando esas expresiones provoquen corridas bancarias, retiros masivos de fondos o salida de inversiones.
- Hasta 10 años en casos especialmente graves, cuando el autor sea funcionario, accionista o administrador de un banco o del propio BCP.
Los argumentos de Aguilera
Aguilera, diputado por Guairá y representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sostiene que existen campañas de desinformación contra el sistema financiero. Según él, esas campañas provienen de actores políticos y de fuertes intereses económicos.
El diputado también rechazó los planteamientos para que el Poder Ejecutivo destituya a las autoridades del BCP. Defendió la independencia de la banca matriz, que a su criterio no debe responder a ningún sector político ni económico. Además, salió en defensa de su presidente, Carlos Carvallo, y señaló que recibe reconocimientos de organismos internacionales.
Filizzola: «¿Cómo 10 años de cárcel?»
Para Filizzola, el proyecto es claramente inconstitucional. Argumentó que la Constitución protege el derecho a cuestionar las decisiones de las autoridades y de las instituciones públicas.
El senador cuestionó la dureza de las penas propuestas. Recordó que la libertad de expresión ampara las críticas al presidente de la República, a los legisladores, a los jueces y a cualquier funcionario, y consideró inadmisible que el titular del BCP quede fuera del escrutinio ciudadano.
Según Filizzola, ahora parece que el Banco Central es intocable, una especie de oráculo al que no se le puede cuestionar nada. Comparó la iniciativa con prácticas de épocas monárquicas, cuando criticar al gobernante podía acarrear castigos, y la definió como lo más autoritario que escuchó.
El trasfondo: el caso Ueno Bank
El senador vinculó el proyecto con la controversia por los pedidos de informes al BCP sobre la fusión de Ueno Bank con Visión Banco, los criterios usados para calcular la solvencia de la entidad y la supervisión que ejerció el regulador.
Filizzola afirmó que hay documentos que fueron omitidos en respuestas anteriores del BCP a pedidos de informes del Congreso, y que volvió a solicitarlos en una reunión reservada. También mencionó los reportes de medios internacionales y las evaluaciones de calificadoras de riesgo sobre la situación del banco.
A su criterio, el poder político está presionando para que se deje de hablar del tema. Remarcó que el debate involucra tanto recursos públicos como los ahorros de particulares, por lo que reclamó transparencia y medidas correctivas en lugar de iniciativas que desalienten las denuncias.
Sobre el secreto bancario, el senador planteó que, si hay datos protegidos por ley, las autoridades pueden aplicar las reservas correspondientes, pero sin bloquear el acceso a la información que sí puede divulgarse.
Otras voces en el debate
El presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, anunció que los pedidos de informes al BCP sobre entidades financieras serán analizados con mayor rigurosidad. El objetivo, dijo, es proteger el secreto bancario y evitar situaciones de pánico financiero. Núñez aseguró que no hay una decisión de bancada para rechazar esos pedidos y que cada senador votará con libertad.
Por su parte, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) advirtió días atrás que las explicaciones del BCP al Congreso no despejan las dudas sobre la supervisión bancaria. Pidió además que las normas y medidas correctivas se apliquen por igual a todas las entidades. Aguilera respondió que lo que diga el gremio lo tiene sin cuidado.
Las críticas por la frecuencia 5G
En otro tramo de sus declaraciones, Filizzola cuestionó la adjudicación de frecuencias para tecnología 5G a Nubicom Paraguay S.A., empresa que obtuvo una licencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El senador sostuvo que la compañía no habría acreditado a tiempo todos los requisitos. Mencionó una presentación fuera de plazo y dudas sobre su capacidad de capital y su cantidad de clientes. También la vinculó con intereses empresariales cercanos al presidente Santiago Peña y criticó que operadoras con más clientes, e incluso la empresa estatal, quedaran fuera de la adjudicación.
Hasta el momento no se conocieron respuestas de Conatel ni de la empresa a estos cuestionamientos.
Lo que viene
El proyecto de Aguilera todavía debe ser presentado formalmente y estudiado en el Congreso. Si avanza, su constitucionalidad será uno de los ejes centrales del debate, por su posible choque con la libertad de expresión y la prohibición de censura previa que establece la Constitución Nacional.
