La expulsión de Zenaida Delgado será analizada por el pleno de la Cámara de Senadores en los próximos días tras fijarse el estudio del libelo acusatorio. La decisión de la mesa directiva apunta a garantizar el derecho a la defensa de la parlamentaria oficialista, denunciada por presuntamente cobrar parte de los salarios de exfuncionarias. En ese contexto, el senador Derlis Maidana manifestó públicamente su postura en torno a la necesidad de respetar los plazos constitucionales y evitar juicios precipitados.
Postura de Derlis Maidana ante el trámite parlamentario
Durante una entrevista televisiva, Maidana argumentó que la bancada oficialista no busca dilatar el procedimiento ni salvar a su colega de bancada. Afirmó que la institución legislativa debe conducirse con prudencia y rigor constitucional para impedir juicios sumarios cimentados únicamente en repercusiones públicas o redes sociales.
El legislador remarcó que la ciudadanía exige transparencia en el manejo de estos casos, pero subrayó que el proceso requiere escuchar a la parte acusada. Según explicó, la senadora debe tener la oportunidad de formular su descargo formal ante el pleno antes de una votación definitiva sobre su permanencia en el Congreso.
Situación de las pruebas y la causa en el Ministerio Público
Respecto a los antecedentes del reclamo, Maidana mencionó que las denunciantes mostraron capturas de pantalla de chats al titular del Senado, Basilio Núñez, sin formular inicialmente una denuncia penal directa. Ante tales elementos, fue la propia presidencia del Congreso la que remitió los antecedentes al Ministerio Público para abrir una indagación penal.
Actualmente, los fiscales a cargo recolectan planillas de salarios, registros de pluses y bonificaciones pagadas a las colaboradoras del despacho legislativo. Estas diligencias buscan determinar la existencia de supuestos hechos punibles como cobro indebido de honorarios, tráfico de influencias o cohecho pasivo.
Debate constitucional sobre la expulsión de Zenaida Delgado
El tratamiento que involucra la expulsión de Zenaida Delgado revive la discusión sobre el alcance del artículo 201 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Esta disposición legal exige la comprobación fehaciente del uso indebido de influencias para la pérdida de investidura de cualquier parlamentario electo.
Diversos juristas señalaron que el libelo acusatorio actual se sustenta principalmente en testimonios y recortes de prensa, sin contar con peritajes concluyentes. No obstante, los impulsores de la medida aseguran que la naturaleza de este juicio permite a los legisladores calificar la conducta política y ética de sus pares con margen de discrecionalidad.
Datos clave
- El Senado postergó el debate de la expulsión de Zenaida Delgado para la próxima semana con el fin de otorgarle tiempo para su defensa.
- Derlis Maidana descartó blindaje y argumentó que el proceso de pérdida de investidura exige elementos objetivos y no solo capturas de mensajes.
- El Ministerio Público investiga presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y cobro indebido de honorarios en la oficina legislativa.
- El artículo 201 constitucional demanda la comprobación fehaciente del uso indebido de influencias para despojar del cargo a un parlamentario.
