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Rubén Maciel renuncia al Viceministerio de Política Criminal tras caso de su hermano

Redacción BM Online•29 de octubre de 2026 a las 02:28 p. m.•Asunción

Rubén Maciel posa de traje oscuro, corbata azul y anteojos frente a una biblioteca con tomos jurídicos.

La renuncia de Rubén Maciel al Viceministerio de Política Criminal y Penitenciaria se confirmó de manera indeclinable ante las máximas autoridades ministeriales. El funcionario adoptó la determinación luego de conocer que su hermano asumió la defensa técnica de una persona recluida en la cárcel de Emboscada. Con este paso al costado, la cartera estatal busca resguardar la transparencia en la gestión de los penales.

Motivos tras la renuncia de Rubén Maciel

Durante su salida del cargo, el exviceministro explicó que su decisión responde a la necesidad de precautelar la credibilidad institucional y evitar sospechas. El caso involucra directamente a un interno alojado en el módulo siete de la penitenciaría Martín Mendoza, ubicada en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. Ante esta situación, el profesional prefirió apartarse de sus funciones directivas.

El exfuncionario remarcó que lo prudente era dimitir para no dar lugar a cuestionamientos sobre los procedimientos aplicados en las penitenciarías paraguayas. Señaló que la coincidencia entre la función pública que ejercía y el trabajo legal de su familiar directo en el mismo penal podía generar suspicacias. Por tal motivo, presentó su renuncia inmediata e indeclinable para evitar conflictos de intereses.

Reorganización interna en el Ministerio de Justicia

La dimisión se produjo en medio de una serie de ajustes dentro del Ministerio de Justicia, entidad encargada de custodiar los penales del país. Tras aceptarse la renuncia de Rubén Maciel, las autoridades ministeriales anunciaron medidas de reemplazo para mantener la continuidad operativa. La institución busca afianzar los esquemas de disciplina y seguridad en los centros de reclusión.

En ese contexto, el ministro Rodrigo Nicora oficializó la designación de Óscar Pereira como nuevo titular de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Pereira llega a la jefatura de los penales con la misión de auditar las prácticas internas de control y reforzar la supervisión carcelaria. Su agenda incluye mesas técnicas inmediatas con los equipos de seguridad.

El flamante director penitenciario implementará una revisión integral de los procesos de gestión en las cárceles de todo el territorio nacional. Para ello, estableció un plan de trabajo estructurado en objetivos progresivos a corto y mediano plazo, fijados a 30, 60 y 90 días. Estas metas pretenden ordenar el funcionamiento de los establecimientos y reducir los focos de irregularidad.

La importancia de prevenir conflictos de intereses

La administración de las cárceles en Paraguay demanda un riguroso apego a las normas éticas para asegurar que no existan privilegios hacia ningún recluso. En ese sentido, la renuncia de Rubén Maciel marca una pauta orientada a blindar las resoluciones penitenciarias de cualquier sospecha de trato preferencial. Las autoridades afirman que la imparcialidad resulta clave para gobernar el sistema penitenciario.

El penal Martín Mendoza alberga a personas privadas de libertad bajo medidas estrictas de vigilancia en el departamento de Cordillera. Cualquier trámite judicial o administrativo vinculado a sus reclusos debe transitar por canales transparentes y sin interferencias políticas. Con las nuevas designaciones, el Gobierno busca afianzar el orden en las unidades penitenciarias.

Datos clave

  • Dimisión indeclinable: Rubén Maciel abandonó su cargo de viceministro de Política Criminal y Penitenciaria para salvaguardar la transparencia de la institución.
  • Conflicto de intereses: El hermano del exviceministro asumió la defensa técnica de un recluso en la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada.
  • Nuevo nombramiento: El ministro Rodrigo Nicora nombró a Óscar Pereira como director general de Establecimientos Penitenciarios.
  • Plan por etapas: La nueva conducción de las cárceles fijó objetivos de revisión administrativa y operativa en plazos de 30, 60 y 90 días.

Fuente: elnacional.com.py

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