Una grave polémica rodea a los expandilleros en Honduras tras la denuncia pública realizada por líderes religiosos sobre el uso indebido de listas de reinserción social. Según voceros eclesiales, los registros confeccionados para respaldar a exintegrantes de pandillas que se volcaron a la fe ahora son utilizados para capturarlos.
El pastor Carlos Gerardo Cerrato, quien encabeza el ministerio evangélico Pasión por las Almas, aseguró que las fuerzas de seguridad ejecutan una persecución directa contra personas rehabilitadas. El referente afirmó con preocupación que las autoridades están cazando a los ciudadanos cuyos datos figuraban en los archivos destinados a su protección institucional.
El origen del registro de rehabilitación social
La elaboración de esta nómina de expandilleros en Honduras comenzó a raíz de una propuesta de Gerardo Irías, máxima autoridad de la Confraternidad Evangélica del país centroamericano. La meta inicial consistía en registrar a quienes decidieron cortar vínculos con el crimen organizado para gestionar programas de reinserción comunitaria y evitar arrestos basados exclusivamente en antecedentes pretéritos.
El relevamiento eclesiástico acumuló la información confidencial de al menos doscientas personas que asistían a cultos y programas de reinserción. Sin embargo, Cerrato expuso que las identidades y domicilios brindados de buena fe terminaron presuntamente en manos estatales para facilitar la ubicación y detención masiva de los postulantes a la vida civil.
Reformas legales y tensión en los templos
Este conflicto social se profundiza en pleno endurecimiento penal impulsado por el Congreso Nacional, cuyas reformas catalogan a maras y pandillas como agrupaciones terroristas. La normativa vigente fija penas de reclusión perpetua para jefes de bandas, prisión preventiva de aplicación obligatoria, plazos de arresto más extensos y confinamiento bajo regímenes carcelarios de máxima seguridad.
En las semanas recientes, varios operativos policiales culminaron con capturas dentro de recintos de culto o involucraron a individuos que ejercían tareas de predicación religiosa. Esta seguidilla de arrestos alimentó sospechas institucionales de que ciertos grupos delictivos podrían utilizar las organizaciones de fe como fachada para eludir las acciones de la justicia.
Reclamo de garantías para los procesos de reinserción
Frente al avance de las fuerzas del orden, diferentes representantes de congregaciones cristianas aclararon que no rechazan el combate contra el delito complejo ni obstaculizan la labor fiscal. No obstante, demandaron diferenciar claramente a quienes siguen delinquiendo de aquellos que ya cumplieron sentencias y muestran un abandono definitivo de las maras.
La advertencia eclesiástica remarca el peligro de quebrar la confianza de los jóvenes que buscan dejar la marginalidad y recurren a programas de fe. Hasta el momento, las entidades estatales señaladas no emitieron comunicados oficiales para aclarar si accedieron al padrón de la Confraternidad Evangélica ni cómo obtuvieron los datos de los detenidos.
Datos clave
- Denuncia eclesial: Pastores afirman que una base de datos creada para ayudar a exintegrantes de pandillas se utiliza para arrestarlos.
- Alcance del registro: El listado elaborado por la comunidad evangélica contiene la información de unas 200 personas en proceso de reinserción.
- Marco punitivo: El Parlamento endureció las sanciones al declarar a las pandillas como grupos terroristas con penas de prisión perpetua.
- Postura religiosa: Las iglesias respaldan el castigo a delincuentes activos, pero piden garantías para quienes abandonaron el crimen.
