Las escrituras de viviendas continúan como una prioridad pendiente para decenas de familias salvadoreñas tras el dictamen favorable emitido este lunes por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa. La iniciativa gubernamental busca ampliar por un plazo adicional de cinco años la normativa especial que facilita regularizar los inmuebles comercializados en su momento por la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
Con esta medida, el Estado pretende que los compradores que cancelaron total o parcialmente sus terrenos logren la debida titulación antes del 12 de octubre de 2031. La ley vigente caduca el próximo 11 de octubre, lo que exigía un pronunciamiento urgente para evitar vacíos normativos que paralicen los trámites.
El origen del conflicto patrimonial con PROCADES
El problema legal se originó en 1998, cuando la citada organización no gubernamental cayó en incumplimiento financiero con el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO). La entidad estatal inició litigios judiciales para recuperar los montos adeudados y decretó embargos sobre distintos terrenos.
Durante las diligencias de cobro, los funcionarios públicos descubrieron que varias fincas embargadas ya habían sido adquiridas de buena fe por ciudadanos particulares. Pese a haber recibido los pagos, la directiva de la asociación no formalizó las escrituras de viviendas de los respectivos ocupantes.
La afectación inicial alcanzó a 245 lotes ubicados en 12 comunidades de departamentos como San Vicente, La Libertad, Usulután, La Paz y San Salvador. Para resolver el desamparo de los afectados, en octubre de 2021 se promulgó una legislación especial que habilitó las transferencias gratuitas directas y el levantamiento de gravámenes.
Balance institucional y trámites pendientes para escrituras de viviendas
Durante la comparecencia legislativa, Carlos Daniel Ayala, delegado del Ministerio de Vivienda y representante del área jurídica de FONAVIPO, detalló que 149 familias ya cuentan con sus documentos inscritos debidamente en los registros públicos. Sin embargo, todavía restan 96 casos por regularizar en distintas localidades del territorio salvadoreño.
Por su parte, Karla Urrutia, jefa de la Unidad de Contribuciones y Gestión Social de FONAVIPO, expuso la complejidad detrás de los expedientes que siguen abiertos. Varias familias recibieron sus carpetas técnicas para continuar el proceso a través de abogados particulares.
Al mismo tiempo, existen inmuebles con trabas sucesorias complejas, sobre todo por el fallecimiento del comprador original, situación que obliga a sus herederos a ejecutar previamente la cesión formal de derechos posesorios.
Un debate que trasciende las fronteras regionales
El acceso a una casa propia y la seguridad jurídica sobre la tierra constituyen reclamos frecuentes en toda América Latina, incluyendo a Paraguay, donde miles de ciudadanos enfrentan litigios o demoras de décadas para regularizar sus lotes en asentamientos urbanos o cooperativas fallidas. Situaciones similares demuestran la importancia de contar con herramientas legislativas que resuelvan la indefensión civil de las personas afectadas por estafas o quiebras privadas.
El texto respaldado de forma unánime en la comisión pasará a consideración del plenario de la Asamblea Legislativa salvadoreña. En caso de ser ratificado y promulgado en el Diario Oficial, la extensión de vigencia iniciará el 12 de octubre de 2026 para garantizar que ningún ocupante pierda la posibilidad de obtener sus títulos definitivos.
Datos clave
- Extensión por cinco años: el dictamen legislativo busca garantizar la validez legal del proceso de transferencia de inmuebles hasta el 12 de octubre de 2031.
- Familias que esperan solución: de un total original de 245 lotes, 149 familias ya obtuvieron sus títulos de propiedad, mientras 96 continúan tramitando su legalización.
- Origen en 1998: la ONG PROCADES contrajo deudas con el estatal FONAVIPO tras comercializar terrenos sin haber otorgado las respectivas escrituras públicas.
