Las distribuidoras de energía en Panamá afrontan la posibilidad de perder sus contratos de concesión si no cumplen con los parámetros de calidad del suministro eléctrico. La advertencia surge a partir del debate legislativo de un proyecto de reforma a la Ley 6 que analiza la Asamblea Nacional panameña. La iniciativa pretende aplicar sanciones directas y obligar a las prestadoras a incorporar a miles de familias que todavía carecen de electricidad en zonas vulnerables.
El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, detallaron los alcances de esta normativa durante una intervención televisiva. Ambos funcionarios coincidieron en que el sistema regulatorio actual no brinda respuestas eficaces para los consumidores afectados por cortes o daños en sus artefactos.
Nuevas causales de revocación contractual
El proyecto legislativo incorpora cinco causales expresas para rescindir los contratos vigentes de las concesionarias del servicio eléctrico. Estas causales sancionatorias se fundamentan en el incumplimiento de los indicadores técnicos de calidad, la falta de metas en electrificación rural y la omisión de las inversiones obligatorias fijadas sobre el ingreso máximo permitido a cada compañía.
La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, enfatizó que las normas deben aplicarse con firmeza sin importar la empresa involucrada en las faltas. Con la legislación vigente, los procesos administrativos y judiciales suelen tardar años, tiempo durante el cual las firmas continúan facturando sus tarifas habituales mientras la ciudadanía espera soluciones que demoran en llegar.
Para solucionar estas demoras procesales, el texto prevé que las empresas deberán acatar inmediatamente las resoluciones emitidas por la ASEP antes de recurrir a la vía judicial. Este mandato incluye el pago directo de compensaciones a usuarios perjudicados por fluctuaciones de voltaje que dañan electrodomésticos, así como la acreditación inmediata de multas dentro de la facturación mensual.
Exigencias estrictas para distribuidoras de energía
La propuesta eleva además al rango de ley la intervención formal de las concesiones. Esta figura legal otorgará a los entes reguladores la potestad de asumir temporalmente el control operativo de aquellas instalaciones que presenten problemas graves en la prestación del servicio.
Por otra parte, la reforma obliga a las distribuidoras de energía a expandir sus redes hacia unas 58 mil familias que todavía viven desconectadas. Estas poblaciones representan casi el 5% de los hogares del país y permanecen desatendidas porque las compañías consideran que no resultan rentables económicamente.
La Secretaría Nacional de Energía y la Oficina de Electrificación Rural serán las encargadas de localizar las áreas desprovistas de cobertura, trasladando a la ASEP la potestad de exigir la extensión de líneas o microrredes a las firmas privadas. Rodrigo Rodríguez J. subrayó que las empresas que poseen la capacidad técnica deben responsabilizarse de llegar a sitios remotos o de geografía compleja, señalando que países vecinos de la región exhiben coberturas cercanas a la totalidad de su territorio.
Rechazo a comercializadores independientes
Durante su exposición, el titular de Energía descartó que la creación de comercializadores independientes constituya un camino viable para abaratar el costo de la tarifa. El funcionario argumentó que casi el 90% de los abonados pertenecen al sector residencial, por lo que un esquema desregulado solo beneficiaría a los clientes de mayor volumen de consumo.
Este fenómeno generaría un descreme del mercado, dejando a las compañías tradicionales a cargo de los usuarios pequeños con márgenes reducidos para reinvertir en la red. Rodríguez J. citó como ejemplo a El Salvador, donde la presencia de comercializadores no logró reducir las tarifas en comparación con los valores registrados en el mercado panameño.
Datos clave
- Pérdida de concesión: el proyecto de reforma a la Ley 6 establece cinco motivos formales para rescindir los contratos a las compañías que incumplan metas de calidad o inversión.
- Extensión del servicio: la iniciativa busca conectar a 58 mil familias sin suministro eléctrico ubicadas en zonas de difícil acceso y áreas rurales.
- Resarcimiento inmediato: las empresas estarán forzadas a cumplir los fallos de la ASEP y pagar compensaciones por aparatos quemados antes de iniciar litigios en tribunales.
- Intervención legal: se confiere rango de ley a la figura del interventor para intervenir operativamente en caso de fallas graves en la distribución eléctrica.
