El director de la Senad Hugo Derlis Baptista Báez compareció ante la Justicia paraguaya luego de entregarse voluntariamente tras ser imputado por el Ministerio Público. La representación legal del alto funcionario requirió la aplicación de un arresto domiciliario con control de tobillera electrónica durante la audiencia de imposición de medidas en la capital. El proceso investiga supuestas filtraciones que habrían beneficiado a un esquema ilícito en el norte del país.
Los argumentos de la defensa del director de la Senad
El abogado Derlys Martínez sostuvo ante el juzgado que su cliente cuenta con suficiente arraigo en el territorio nacional para litigar en libertad condicional. La defensa fundamentó la solicitud de arresto domiciliario destacando una foja de servicios de treinta y tres años ininterrumpidos en las filas de la institución antidroga. Según el representante legal, esta extensa trayectoria institucional descarta un eventual peligro de fuga u obstrucción de la pesquisa penal.
Asimismo, el profesional cuestionó con dureza los términos contenidos en el acta de imputación formulada por los fiscales de la causa. La defensa argumentó que la relación de hechos atribuida al uniformado carece de sustento probatorio sólido para justificar una medida de prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. Para la representación del procesado, las afirmaciones del Ministerio Público no demuestran una conducta delictiva concreta atribuible a su defendido.
Detalles sobre el operativo Sanctus y las comunicaciones
La imputación fiscal señala presuntas irregularidades cometidas en el marco del denominado operativo Sanctus, ejecutado en diciembre de 2023. De acuerdo con los investigadores, se habría facilitado la huida del presunto narcotraficante Ronaldo Mendes Nunes antes de que las fuerzas de seguridad pudieran capturarlo. Sin embargo, la defensa técnica asegura que la llamada telefónica registrada entre el agente y el exdiputado Eulalio Gomes ocurrió varias horas después de concluidas las intervenciones.
El letrado Martínez enfatizó que la cronología de las comunicaciones descarta de forma categórica que el director de la Senad hubiera alertado previamente a los sospechosos. Desde la perspectiva de la defensa, no existió ningún aviso anticipado que permitiera frustrar las órdenes de detención libradas en esa jornada. Por este motivo, el abogado calificó de inconsistente la hipótesis de que se haya brindado protección sistemática a la supuesta estructura delictiva.
La investigación fiscal y las sospechas institucionales
El Ministerio Público indaga si el investigado incurrió en la omisión deliberada de diligencias para esclarecer el escape del ciudadano brasileño. Las pesquisas buscan determinar si existió encubrimiento o tolerancia administrativa respecto a las relaciones que mantenía el fallecido parlamentario Eulalio Gomes con personas requeridas por la justicia. El agente bajo proceso es primo hermano del mencionado legislador, vínculo que generó intensos cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en operativos antidrogas.
En Paraguay, la Secretaría Nacional Antidrogas constituye el órgano rector en el combate al tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos. Por ello, cualquier sospecha sobre filtraciones internas conmociona la credibilidad de los mandos operativos frente a la cooperación regional e internacional. Los juzgados especializados contra el crimen organizado deberán evaluar en las próximas horas si conceden las medidas alternativas solicitadas o hacen lugar al pedido fiscal.
Marco procesal de las medidas cautelares solicitadas
El requerimiento de arresto domiciliario con tobillera electrónica busca garantizar que el imputado permanezca a disposición del proceso sin ingresar a prisión. En los litigios de alta complejidad, la judicatura analiza tanto el arraigo habitacional y familiar como la capacidad real del procesado para influir en testigos o peritajes pendientes. La decisión final sobre el director de la Senad sentará un precedente clave respecto al tratamiento procesal de los cuadros directivos de seguridad estatal.
Las autoridades judiciales evaluarán los informes de la Fiscalía y las réplicas técnicas presentadas por los litigantes en la audiencia preliminar. El juez de la causa deberá emitir un auto interlocutorio en el que determine si corresponde aplicar la prisión preventiva o decretar medidas sustitutivas. Entre tanto, la opinión pública y los estamentos de seguridad aguardan una resolución en torno a un caso que involucra al crimen organizado y los niveles jerárquicos del Estado.
Datos clave
- Presentación voluntaria: El procesado se puso a disposición de la Justicia luego de la orden judicial por presunta revelación de secretos y encubrimiento.
- Pedido de arresto: La defensa solicitó arresto domiciliario y monitoreo electrónico, argumentando arraigo legal y treinta y tres años de carrera.
- Cuestionamiento temporal: El abogado afirmó que el contacto telefónico indagado se produjo horas después del operativo Sanctus ejecutado en 2023.
- Vínculos analizados: La investigación fiscal rastrea supuestas omisiones y examina el lazo familiar entre el agente y el exdiputado Eulalio Gomes.
