Un grupo de seis diputados de Honduras solicitó comparecer de manera voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia tras una acción penal promovida por el Ministerio Público. La petición formal ingresó a la Secretaría General del tribunal supremo por medio de la defensa técnica para fijar fecha y hora de la audiencia inicial de imputado.
Los legisladores involucrados en este requerimiento pertenecen a la bancada del Partido Libertad y Refundación. Se trata de Linda Frances Donaire Portillo, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Hugo Rolando Noé Pino, Luz Angélica Smith Mejía, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Scherly Melissa Arriaga Gómez.
La acusación presentada por el Ministerio Público
El órgano acusador del Estado formalizó el requerimiento fiscal el pasado 15 de octubre. La causa penal investiga presuntas anomalías cometidas durante el funcionamiento de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el marco preparatorio de las elecciones generales desarrolladas en 2025.
De acuerdo con los documentos remitidos a la sede judicial, los tipos penales imputados son falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y perturbación ilícita. Los bienes jurídicos presuntamente vulnerados corresponden a la fe pública y la administración pública hondureña.
El requerimiento se mantiene pendiente de resolución en cuanto a su trámite de admisión. Mientras tanto, las autoridades judiciales aclararon que la formulación de los cargos no constituye una sentencia condenatoria ni define responsabilidades firmes.
Estrategia procesal de los diputados de Honduras
El abogado Darwin Lindolfo García asumió la representación letrada conjunta y formalizó el escrito ante la jueza natural designada. La defensa técnica comunicó que los diputados de Honduras tienen pleno conocimiento del expediente y pretenden someterse de forma espontánea a las determinaciones judiciales pertinentes.
El profesional solicitó que se fije el día y la hora para celebrar la audiencia de imputado, instancia donde se comunicarán formalmente las acusaciones. La solicitud sostiene que la comparencia voluntaria busca resguardar la presunción de inocencia y proteger el honor de los congresistas durante la tramitación del litigio.
Asimismo, el representante legal requirió el reconocimiento formal de su personería jurídica y el cotejo de los poderes para pleitos aportados. También pidió una copia íntegra del expediente judicial con el objetivo de estructurar los descargos correspondientes.
Garantías judiciales y contexto institucional
En los sistemas republicanos, los procesos penales seguidos contra parlamentarios requieren la designación de un juez natural para precautelar el debido proceso. Para los observadores jurídicos, la conducta procesal adoptada por estos diputados de Honduras apunta a evitar órdenes de captura y gestionar el litigio en libertad.
La Comisión Permanente legislativa cumplía funciones administrativas específicas durante los recesos parlamentarios, cuya legalidad generó amplios debates institucionales. El desenlace de estas audiencias marcará precedentes relevantes sobre el alcance de las facultades de los legisladores en el ejercicio de cargos extraordinarios.
Datos clave
- Involucrados: Seis parlamentarios del Partido Libertad y Refundación pidieron someterse de manera voluntaria a la justicia penal.
- Delitos atribuidos: El Ministerio Público investiga supuesta falsificación de documentos, usurpación de funciones, violación de deberes y perturbación ilícita.
- Origen del caso: Las actuaciones investigadas corresponden a la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional durante los comicios de 2025.
- Estado procesal: El requerimiento fiscal continúa pendiente de admisión formal ante la jueza natural asignada en la Corte Suprema.
