La deuda a constructoras por obras públicas se mantiene en un rango de entre USD 130 millones y USD 150 millones luego de que el Estado desembolsara entre USD 43 millones y USD 44 millones durante septiembre. Esta cifra quedó muy por debajo de los USD 100 millones que aguardaban las empresas del rubro. La situación genera inquietud en las compañías debido a la cercanía de los compromisos laborales y comerciales de fin de año.
Impacto en los compromisos de cierre de año
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, reconoció los esfuerzos oficiales para amortizar las cuentas, aunque advirtió que los desembolsos no logran seguir el ritmo de la ejecución mensual. Al no cubrirse el valor de lo producido en las rutas y proyectos civiles, comienza a registrarse un desfase financiero que complica las operaciones cotidianas.
El sector enfrenta meses decisivos debido a las exigencias presupuestarias de diciembre. En ese último tramo del ejercicio, las contratistas deben responder por dos meses de salarios ordinarios, el aguinaldo de su personal y la cancelación de deudas acumuladas con proveedores de insumos y servicios de transporte.
Pese a esta coyuntura, las empresas confían en los compromisos asumidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El gremio mantiene la expectativa de que el ministro Óscar Lovera cumpla la meta de saldar por completo las obligaciones vencidas antes de concluir el presente año.
Desafíos financieros y la deuda a constructoras
Por su parte, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, recordó que el ejercicio se inició con un pasivo acumulado superior a USD 250 millones, al que se sumaban cerca de USD 100 millones en concepto de intereses moratorios. El cronograma pactado con el equipo económico permitió reducir esas cuentas, pero el saldo pendiente de certificados no baja de los USD 130 millones a USD 150 millones.
Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) transfirió más de USD 150 millones entre abril y mayo para amortizar compromisos pendientes, la deuda a constructoras continúa presionando al sector privado. El avance físico constante de las cuadrillas genera mensualmente nuevos certificados que deben cancelarse para evitar que el pasivo vuelva a incrementarse.
Además, los representantes gremiales insisten en que los intereses moratorios generados por los retrasos pasados todavía exigen una solución formal. Sin una respuesta clara para esos costos financieros, las compañías deben absorber pérdidas operativas que limitan su margen de inversión y sostenimiento de maquinaria.
Reclamos de previsibilidad y presupuesto estatal
El impacto de estos atrasos no recae exclusivamente sobre las principales firmas viales, sino que golpea a una amplia red de proveedores, transportistas y talleres mecánicos. La estabilidad de toda la cadena productiva depende de la regularidad en el flujo de fondos estatales para mantener el nivel de empleo en el interior del país.
Frente a este panorama, las cámaras solicitaron participar desde las etapas preliminares en la estructuración del Presupuesto General de la Nación. Sarubbi criticó que el rubro recién conozca los montos asignados cuando el proyecto ingresa al Congreso, lo que obliga después a tramitar continuas reprogramaciones para no paralizar los frentes de trabajo.
Para los periodos futuros, el gremio aboga por garantizar fondos locales suficientes para los planes del MOPC. Asimismo, plantean recurrir con mayor fuerza a las alianzas público-privadas, concesiones y esquemas llave en mano como vías para financiar infraestructura sin depender únicamente de las limitaciones de la caja fiscal.
Datos clave
- Desembolso insuficiente: Las empresas esperaban cobrar USD 100 millones en septiembre, pero el Estado transfirió entre USD 43 millones y USD 44 millones.
- Saldo vigente: El pasivo por certificados de obras pendientes se mantiene entre USD 130 millones y USD 150 millones, al margen de los intereses moratorios.
- Compromiso ministerial: El Ministerio de Economía y Finanzas ratificó su meta de poner al día las cuentas con el sector antes de fin de año.
- Efecto multiplicador: La falta de liquidez amenaza el pago de aguinaldos y salarios, además de perjudicar a proveedores de insumos y transportistas.
