La causa judicial caratulada popularmente como detergente de oro dio un paso procesal decisivo tras quedar ratificada la sentencia contra un ex alto funcionario de la capital. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no admitir la casación promovida por la defensa de Edwin López Cattebecke, con lo cual quedó firme su castigo de dos años de prisión con suspensión a prueba.
El exresponsable del área financiera de la Municipalidad de Asunción había sido sentenciado tras admitir su participación en un procedimiento abreviado. Como parte de las medidas impuestas para evitar el ingreso a un penal, el condenado deberá transferir cincuenta millones de guaraníes a las arcas comunales, además de entregar otros diez millones de guaraníes como resarcimiento social a una entidad benéfica.
Los fundamentos de la Sala Penal sobre el recurso
El fallo de la máxima instancia llevó la firma unánime de los ministros Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Gustavo Santander Dans. Los integrantes de la sala especializada concluyeron que el planteamiento extraordinario presentado por la defensa técnica no cumplió con las formalidades legales mínimas que exige la legislación procesal paraguaya para este tipo de recursos.
Según la resolución judicial, el escrito de impugnación se concentró en objetar la determinación previa del Juzgado de Garantías en vez de demostrar los supuestos errores jurídicos cometidos por la Cámara de Apelaciones. La magistratura recalcó que la disconformidad con el criterio de los jueces no equivale a la exposición de un vicio procesal insubsanable, motivo que impidió cualquier análisis sobre el fondo del reclamo.
De esta manera, quedó validada la condena dictada inicialmente por el magistrado Rodrigo Estigarribia en noviembre de 2025 y refrendada luego por el tribunal de apelación especializado en delitos económicos. El fallo original declaró culpable a López Cattebecke en carácter de cómplice por lesión de confianza y como autor del hecho punible de asociación criminal.
El esquema del detergente de oro y el juicio oral
El expediente investigativo del caso detergente de oro determinó que la administración municipal ejecutó adquisiciones irregulares durante los periodos 2020 y 2021, utilizando recursos públicos asignados al Fondo Nacional de Emergencia por la contingencia sanitaria. Los agentes fiscales anticorrupción detectaron compras sobrefacturadas y presuntas entregas simuladas de artículos de desinfección mediante firmas sin habilitación comercial adecuada.
Los peritajes contables del Ministerio Público estimaron el perjuicio económico a la comuna capitalina en más de mil ochocientos millones de guaraníes. Entre los hallazgos más notorios, los investigadores documentaron abonos de casi cuatrocientos mil guaraníes por cada unidad de líquido desinfectante concentrado, bajo el argumento de que rendía grandes volúmenes, aunque gran parte del material facturado nunca ingresó formalmente a los depósitos comunales.
Por estos mismos antecedentes, el exjefe comunal Óscar Rodríguez y quien fuera su jefe de gabinete, Wilfrido Cáceres, deberán someterse a juicio oral y público. Ambos se encuentran procesados por presunta lesión de confianza, luego de que el juzgado competente elevara la causa tras desestimar la figura accesoria de asociación criminal en el auto correspondiente.
El impacto institucional de las condenas por corrupción
Las causas ligadas al uso de fondos públicos en la comuna asuncena han generado un prolongado debate social sobre los mecanismos de fiscalización interna y las auditorías externas. En el sistema penal de Paraguay, la salida mediante procedimiento abreviado exige que el procesado admita los hechos imputados a cambio de una expectativa de sanción reducida, siempre supeditada a medidas compensatorias hacia el Estado.
El caso detergente de oro representa una de las investigaciones más emblemáticas de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos en torno al uso de fondos de emergencia. Para la ciudadanía, la exigencia del reembolso económico y las sanciones penales marcan un precedente de control sobre los administradores de recursos comunitarios ante situaciones de crisis.
Datos clave
- Pena ratificada: La Corte Suprema confirmó dos años de cárcel con suspensión de ejecución para el exdirector financiero Edwin López Cattebecke.
- Obligación económica: El condenado debe restituir G. 50 millones al municipio de Asunción y donar G. 10 millones en concepto de reparación comunitaria.
- Daño patrimonial investigado: La Fiscalía cuantificó en más de G. 1.808 millones el presunto desvío con insumos de desinfección durante la emergencia sanitaria.
- Juicio pendiente: El exintendente Óscar Rodríguez y su exjefe de gabinete Wilfrido Cáceres afrontarán debate oral por supuesta lesión de confianza.
