La exigencia de ampliar los descuentos para jubilados regresó con fuerza a la Asamblea Nacional de Panamá tras el reciente rechazo del Ejecutivo a una propuesta legislativa. Diversas asociaciones de retirados acudieron al recinto parlamentario para pedir que se reanude el estudio de reformas a la Ley 6 de 1987. El objetivo de las agrupaciones es reactivar el debate sobre rebajas obligatorias y asegurar que sus certificados mantengan validez ante instituciones públicas y comercios.
El reclamo de descuentos para jubilados en el parlamento
Los manifestantes ocuparon las gradas del salón plenario para demandar que los legisladores prioricen a los sectores vulnerables. El dirigente Gilberto Cortez afirmó que el parlamento tiene una nueva oportunidad para legislar a favor de las personas con menores ingresos de la tercera edad. Asimismo, el representante gremial cuestionó la falta de solidaridad comercial hacia los adultos mayores.
Por su parte, el dirigente Héctor Ávila hizo un llamado a los diputados para solidarizarse con el movimiento de retirados. Los voceros de los manifestantes indicaron que mantienen expectativas favorables sobre los debates futuros, tras haber alcanzado conversaciones preliminares con integrantes del sector privado. Para estas organizaciones, la ratificación legal de las rebajas respondería a demandas acumuladas durante años.
La normativa en discusión busca abarcar rubros esenciales para la vida cotidiana de las personas mayores. Entre las áreas contempladas figuran rebajas en medicamentos, atención médica y compra de artículos para la movilidad. El texto también incorpora deducciones en servicios básicos residenciales, conectividad a internet y coberturas fúnebres.
El veto del Ejecutivo y las tensiones comerciales
El debate se reactivó luego de que el presidente panameño José Raúl Mulino devolviera con observaciones el proyecto de ley 226 de 2025. Dicha propuesta pretendía modificar y añadir artículos a la legislación vigente desde 1987. El mandatario formalizó el veto mediante una nota remitida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.
En su argumentación, el gobernante reconoció que el proyecto perseguía un fin social legítimo, pero señaló que varias disposiciones colisionaban con el orden legal y constitucional del país. El documento presidencial detalló reparos sobre la conveniencia y la viabilidad técnica de las cláusulas aprobadas previamente.
La redacción vetada establecía reducciones de hasta el cincuenta por ciento de lunes a jueves en hospedajes y del cuarenta por ciento durante los fines de semana. Representantes de los sectores comerciales y microempresariales habían manifestado su disconformidad con estas rebajas, al señalar que impactarían negativamente en el rendimiento de sus negocios. En contrapartida, las agrupaciones insistieron en que tales descuentos para jubilados resultan fundamentales para aliviar el costo de vida.
Bonificaciones permanentes y seguimiento financiero
Además de las rebajas comerciales, los retirados reclamaron una vigilancia estricta sobre la aplicación de la Ley 438 de 2024. Este instrumento legal creó el programa de beneficios permanentes destinado a los afiliados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social. El plan busca conceder un auxilio económico continuo a los retirados panameños.
Los fondos destinados a este programa provienen de la recaudación tributaria aplicada a la industria de bebidas alcohólicas. La legislación nacional dispone que estos recursos específicos financien el desembolso de las bonificaciones destinadas a los pensionados del país.
El marco normativo fija que el Órgano Ejecutivo revise las cifras cada dos años para evaluar posibles ajustes según el contexto económico. De existir excedentes en la recaudación del impuesto selectivo, esos montos deben reservarse para eventuales mejoras en los pagos. Las organizaciones civiles remarcaron que el pleno legislativo debe vigilar activamente que los descuentos para jubilados y estos pagos conserven su poder adquisitivo frente a la inflación.
Datos clave
- Reclamo gremial: Asociaciones de jubilados solicitaron al parlamento reactivar el tratamiento de reformas a la Ley 6 de 1987.
- Veto presidencial: El mandatario José Raúl Mulino rechazó el proyecto de ley 226 por objeciones constitucionales y de conveniencia comercial.
- Alcance del proyecto: La propuesta incluye rebajas en medicamentos, consultas sanitarias, internet, servicios básicos y gastos fúnebres.
- Fondos de apoyo: Los retirados exigen fiscalizar la Ley 438 de 2024, financiada con impuestos a bebidas alcohólicas para entregar bonos anuales.
