Una grave denuncia de desaparición forzada en Nicaragua encendió las alarmas de organismos internacionales tras cumplirse 945 días sin información oficial sobre Douglas Gamaliel Pérez Centeno. El ciudadano y productor agrícola de 47 años había sido entregado a las autoridades nicaragüenses por el gobierno de Costa Rica el 16 de febrero de 2024. Desde aquel momento, sus familiares directos desconocen su situación procesal, su estado físico y su paradero exacto dentro del territorio centroamericano.
El pronunciamiento fue realizado por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, cuyos voceros exigieron una prueba de vida fehaciente. La organización civil demandó que el Estado informe de inmediato dónde permanece recluido el agricultor, habilite el acceso a un abogado defensor y permita asistencia médica constante.
Reclamo de organismos internacionales y medidas cautelares
Frente al contexto de presunta desaparición forzada en Nicaragua, el caso trascendió las fronteras y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta entidad continental concedió medidas cautelares el 6 de abril de 2025 al valorar la existencia de una urgencia extrema y riesgo de perjuicios irreparables para la vida de Pérez Centeno. El organismo solicitó precisiones sobre si el aprehendido compareció ante un juez competente o si su privación de libertad carece de control judicial.
Posteriormente, en septiembre de 2025, el expediente se remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para extender la protección mediante medidas provisionales. Dicha solicitud abarcó también la tutela de otros dos ciudadanos nicaragüenses, luego de constatarse que el paradero de Centeno seguía sin revelarse de manera formal por las autoridades estatales.
El trasfondo de las protestas sociales y el proceso de extradición
El afectado se desempeñaba en labores rurales y respaldó activamente las movilizaciones ciudadanas que comenzaron en abril de 2018. Estas manifestaciones demandaban reformas democráticas, justicia y el restablecimiento de garantías individuales ante el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Debido a la persecución estatal derivada de su postura política, el campesino decidió buscar refugio en territorio costarricense.
Pese a las advertencias de su defensa legal respecto a eventuales torturas, Costa Rica aprobó el pedido de extradición formulado bajo acusaciones de presuntos delitos comunes. Aunque el hombre fue expuesto ante medios estatales el 19 de febrero de 2024, no se especificó qué tribunal atiende su expediente ni qué medidas cautelares se decretaron formalmente.
Testimonios sobre reclusión en celdas de máxima seguridad
Las denuncias vinculadas con este caso de desaparición forzada en Nicaragua incluyen versiones de personas que recuperaron la libertad en meses recientes. Un testimonio brindado por un exconvicto situó al dirigente campesino dentro del centro penitenciario Jorge Navarro, complejo carcelario popularmente conocido como La Modelo. De acuerdo con esa declaración, el hombre permanecería recluido en la galería denominada El Infiernillo.
Diversos colectivos humanitarios califican a esa sección, también llamada La 300, como un área destinada a castigos severos y aislamiento prolongado. Los defensores de derechos humanos insisten en que el aislamiento absoluto constituye un trato cruel que vulnera los tratados internacionales suscritos en la región.
Datos clave
- Tiempo sin noticias: La víctima suma 945 días sin confirmación oficial de paradero tras su entrega desde Costa Rica.
- Acción interamericana: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana emitieron resoluciones exigiendo salvaguardar su integridad física.
- Lugar sospechado: Reportes testimoniales afirman que el dirigente opositor estaría en el sector de castigo de la cárcel La Modelo.
- Demanda humanitaria: Las agrupaciones exigen la presentación inmediata de una prueba de vida y el restablecimiento de visitas familiares.
