La presentación formal de la denuncia del IPS ante el Ministerio Público busca esclarecer el manejo y paradero de los cuantiosos fondos previsionales retenidos en Ueno Bank. La acción legal fue radicada en Asunción por la Dirección Jurídica de la previsional, a cargo del abogado Pablo Morínigo, tras la resolución financiera dispuesta por la banca matriz sobre la firma perteneciente al Grupo Vázquez.
El documento fue ingresado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La institución exige una investigación profunda e imparcial sobre el destino de los depósitos que respaldan los haberes jubilatorios de miles de trabajadores paraguayos.
Los delitos investigados tras la denuncia del IPS
El escrito promovido por la asesoría legal solicita indagar presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal durante la custodia, registro, transferencia y disponibilidad de los recursos. La presentación no individualiza de forma directa a personas físicas para evitar una condena anticipada, dejando la identificación precisa de los responsables en manos de los peritos contables e investigadores del Ministerio Público.
El asesor jurídico institucional explicó que los responsables deberán responder con su patrimonio personal ante eventuales condenas por estos delitos. Esta vía penal se diferencia de otros litigios civiles o administrativos ordinarios donde las instituciones asumen los costos económicos del perjuicio causado.
El volumen millonario de recursos bajo análisis
Las cifras oficiales elaboradas por la Dirección de Inversiones revelan un monto comprometido que supera los 516 millones de dólares en la citada entidad bancaria. Este cálculo representa un riesgo mayúsculo para el equilibrio financiero del seguro social y la sostenibilidad de sus programas asistenciales.
Dentro de este paquete financiero, más de 358 millones de dólares corresponden a reservas técnicas destinadas exclusivamente al fondo de jubilaciones y pensiones a largo plazo. Asimismo, unos 157 millones de dólares estaban depositados en cuentas operativas corrientes destinadas a solventar servicios médicos, compras de insumos y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
El alcance de las pesquisas y las demandas de los aportantes
La presentación judicial delimita las indagaciones sobre los administradores y directivos de la entidad financiera privada que captaron y operaron con los recursos estatales. Por otra parte, involucra a las dependencias de control del Banco Central del Paraguay por presuntas negligencias u omisiones en el deber de supervisar una entidad que evidenció extrema vulnerabilidad.
Paralelamente, diversos gremios de jubilados y trabajadores cotizantes manifestaron su repudio frente a la situación y exigieron la salida de las máximas autoridades previsionales. El sector movilizado reclama que la pesquisa penal alcance también a los consejeros del Instituto de Previsión Social que avalaron la adquisición de bonos y certificados de depósito de ahorro en un contexto de alto riesgo financiero.
Datos clave
- Monto comprometido: Más de 516 millones de dólares del seguro social permanecen atrapados en la cartera intervenida.
- Fondos previsionales: Cerca de 358 millones de dólares corresponden al fondo de jubilaciones y más de 157 millones a servicios de salud.
- Figuras penales: La Fiscalía indagará presuntos delitos de lesión de confianza y asociación criminal en el circuito financiero.
- Responsabilidad patrimonial: Los procesados que resulten culpables podrían enfrentar embargos sobre sus bienes personales.
