El exdiputado opositor Enrique Sáenz advirtió que la democracia en Nicaragua depende directamente de la fuerza ciudadana local y no de una acción militar extranjera. Durante una entrevista concedida a la agencia EFE, el exlegislador descartó que Washington encabece un rescate armado y aseguró que derrocar al régimen sandinista exige articular a los sectores afectados por los abusos institucionales. La postura del dirigente surge tras el despliegue de nuevas iniciativas diplomáticas regionales frente a la escalada autoritaria en el país centroamericano.
La ilusión de un rescate externo y la democracia en Nicaragua
El dirigente opositor, quien fue despojado de su nacionalidad junto a decenas de críticos en febrero de 2023, calificó de irreal la idea de una intervención foránea. A su criterio, ciertos grupos de oposición mantienen la fantasía de que fuerzas militares norteamericanas resolverán la situación interna. Sáenz remarcó que cualquier proceso de cambio institucional duradero requiere el compromiso de la población que experimenta los problemas cotidianos impuestos por el oficialismo.
Construir una propuesta representativa sigue siendo una tarea pendiente para la dirigencia disidente. Según su análisis, las diferencias ideológicas y la dependencia de decisiones procedentes de Washington frenaron la consolidación de un frente unitario. Para el analista, resulta imprescindible brindar certezas a la ciudadanía común y a la comunidad internacional para estructurar un liderazgo sólido.
El grupo de la OEA y el rol de los Estados miembros
Ante este escenario, la Organización de Estados Americanos estableció un grupo ministerial integrado por diez delegaciones, entre las que figura Paraguay junto a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Perú y Estados Unidos. Este bloque busca entablar canales diplomáticos con Managua con el fin de promover elecciones libres y lograr la excarcelación de los presos políticos. La determinación continental se produjo tras el rechazo formal de Daniel Ortega a celebrar futuros comicios transparentes.
Sáenz subrayó que el mandatario nicaragüense no cederá espacios sin medidas de fuerza concretas. Afirmó que gran parte de los países del comité multilateral carecen de herramientas coercitivas para influir en las resoluciones del gobernante. Por esta razón, consideró que la efectividad del bloque regional radica en que Estados Unidos aplique sanciones firmes y medidas económicas determinantes para acompañar las gestiones diplomáticas.
El exlegislador mencionó herramientas previas como la Nica Act y la Ley Renacer, instrumentos legales aprobados por el Congreso estadounidense para presionar al régimen. No obstante, evaluó que la implementación de estas normativas resultó parcial. En caso de que el grupo ministerial concluya sus labores sin resultados tangibles, podrían quedar abiertas las puertas a determinaciones unilaterales, aunque persisten dudas sobre el margen político existente para concretarlas.
El trasfondo de la crisis política y la reelección
El debilitamiento institucional en Nicaragua se agudizó fuertemente a partir de las manifestaciones populares reprimidas en abril de 2018. El panorama empeoró de manera determinante con los controvertidos comicios generales de noviembre de 2021, cuando Ortega aseguró su continuidad al mando del Ejecutivo por cuarto periodo consecutivo desde su regreso gubernamental en 2007.
Aquellas elecciones tuvieron lugar mientras los principales líderes de la oposición permanecían encarcelados por orden de los tribunales estatales. Con posterioridad a esos eventos, el Gobierno expulsó a sus adversarios, les quitó sus derechos políticos y los declaró traidores a la patria mediante reformas constitucionales diseñadas para clausurar cualquier competencia partidaria.
Datos clave
- Salida interna: El exdiputado Enrique Sáenz descarta una intervención militar de Estados Unidos para derrocar a Daniel Ortega y pide movilización ciudadana.
- Comisión de la OEA: Diez países, incluyendo a Paraguay y Estados Unidos, integran un grupo ministerial para reclamar elecciones y la liberación de detenidos.
- Condición autoritaria: En 2023, el régimen sandinista despojó de su nacionalidad a 94 opositores tras catalogarlos bajo la figura de traidores a la patria.
- Mandato cuestionado: Daniel Ortega gobierna de forma consecutiva desde 2007 y consolidó su poder tras unas elecciones en 2021 sin competencia opositora libre.






