La selección para el cargo de defensor del Pueblo retomará su curso parlamentario durante la próxima semana en el Congreso en Asunción. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores prevé emitir el dictamen con la nómina definitiva de habilitados, luego del receso provocado por las elecciones municipales. La medida dará paso a la conformación de ternas que luego pasarán a definición en la Cámara de Diputados.
Criterios y etapas del proceso legislativo
El calendario institucional se reactiva tras haber concluido las audiencias públicas hace más de dos semanas. A lo largo de aquellas jornadas, un total de 67 profesionales, en su gran mayoría abogados, fundamentaron sus aspiraciones y expusieron sus visiones institucionales ante los legisladores.
La Cámara Alta tiene la responsabilidad legal de confeccionar dos ternas diferenciadas para elegir al defensor del Pueblo y a su adjunto para el periodo 2026-2031. Una vez consensuadas dichas ternas en el plenario senatorial, el trámite pasará a la Cámara Baja para la votación y designación oficial de las nuevas autoridades.
La instancia técnica recopiló las ponencias y objeciones que surgieron en las audiencias para definir quiénes integrarán los grupos finales de candidatos. El proceso busca garantizar la idoneidad requerida para encabezar una entidad clave en el sistema de garantías constitucionales del país.
El perfil de los aspirantes a defensor del Pueblo
En la lista de postulantes resalta un marcado predominio partidario, donde cerca del 90 % de los inscriptos pertenece a la Asociación Nacional Republicana. Por su parte, la representación del Partido Liberal Radical Auténtico cuenta con dos inscriptos, entre ellos Olga Paredes, integrante del Directorio partidario, y Miguel Ángel Stampf, funcionario municipal que no asistió a su audiencia pública.
Entre los nombres evaluados se encuentra el actual titular Rafael Ávila, quien pretende continuar en funciones luego de haber asumido la conducción del órgano tras la dimisión de Miguel Godoy. Asimismo, la actual defensora adjunta Natalia Beatriz Sosa aspira a una reelección, situación durante la cual se señaló su registro activo en el padrón colorado pese a la prohibición legal de ejercer militancia partidaria mientras dura el mandato.
Otra figura que integra el registro de candidatos es Claudia Jessica Mosqueira Céspedes. La profesional se desempeñaba como jueza penal de garantías en Villarrica hasta finales de 2023, cuando fue removida de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tras comprobarse faltas reiteradas a su horario laboral.
Rol institucional y equilibrio político en el Estado
La Constitución paraguaya establece que la oficina del defensor del Pueblo tiene bajo su responsabilidad la salvaguarda de los derechos humanos y fundamentales, la recepción de denuncias ciudadanas y el resguardo de intereses colectivos. Diversos analistas señalan la necesidad de que la institución recupere protagonismo civil y reduzca su dependencia de los pactos partidarios.
El desenlace del procedimiento legislativo genera debate en torno al equilibrio de fuerzas en los órganos extrapoderes de la República. Sectores de la oposición sostienen que estos espacios de control deben asegurar contrapesos, especialmente tras la reciente designación de autoridades en la Contraloría General, donde el oficialismo consolidó su presencia al desplazar representaciones minoritarias.
Corresponderá a los diputados determinar la integración final de la entidad mediante una votación en sesión plenaria. La elección requiere consensos amplios en ambas cámaras legislativas para garantizar la legitimidad del mandato de cinco años.
Datos clave
- Dictamen inminente: La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado publicará la lista final de candidatos habilitados la próxima semana.
- Candidaturas masivas: Un total de 67 postulantes se inscribieron en el proceso, con un 90 % de afiliados a la Asociación Nacional Republicana.
- Definición en Diputados: El Senado remitirá dos ternas y la Cámara Baja elegirá a las autoridades para el periodo 2026-2031.
- Casos en observación: Entre los aspirantes figuran autoridades vigentes y exmagistrados que registraron cuestionamientos previos.
