El debate sobre las declaraciones juradas de Peña volvió a encenderse en el Congreso Nacional tras las críticas expuestas por el diputado opositor Raúl Benítez. El legislador cuestionó con dureza el actuar del organismo fiscalizador por no hallar inconsistencias en los bienes del mandatario y por la posterior designación de uno de los auditores principales en un alto puesto institucional.
Cuestionamientos al dictamen de correspondencia
El parlamentario recordó públicamente que el organismo de control determinó la correspondencia patrimonial del jefe de Estado y archivó las observaciones iniciales. A través de sus redes sociales, Benítez advirtió que la ciudadanía no debe perder de vista el respaldo institucional otorgado al gobernante frente a las denuncias promovidas por sectores contrarios al oficialismo.
Las sospechas habían sido formalizadas por miembros del Congreso tras señalar un eventual enriquecimiento no justificado. No obstante, la institución encabezada por Camilo Benítez Aldana concluyó que los ingresos y adquisiciones guardaban respaldo legal y documental, remitiendo dichas conclusiones al Ministerio Público a mediados de mayo.
El examen a las declaraciones juradas de Peña
Durante el proceso técnico que analizó las declaraciones juradas de Peña, el equipo auditor evaluó los bienes reportados y los contrastó con informes tributarios, registros bancarios y testimonios de dependencias oficiales. Los analistas asignados concluyeron que existía una coherencia estricta entre el incremento financiero manifestado y los datos provistos tanto por entidades públicas como por el sistema financiero privado.
Esa postura generó un fuerte rechazo entre los legisladores que solicitaron el peritaje inicial. Para la bancada opositora, la rapidez y el resultado del informe pericial dejaron dudas respecto al rigor con que se examinaron las operaciones comerciales y financieras previas a la asunción presidencial.
Nombramiento del subcontralor y críticas al oficialismo
Otro elemento señalado por el diputado Benítez fue la trayectoria interna de Armindo Torres dentro de la institución fiscalizadora. Antes de asumir la subcontraloría general con el respaldo de la mayoría parlamentaria cartista, Torres se desempeñaba como director de Declaraciones Juradas, unidad técnica que ejecutó la verificación de las declaraciones juradas de Peña.
El diputado subrayó que la confirmación de Torres como segundo al mando de la entidad representa una señal de cooptación institucional por parte del oficialismo. Según los críticos, este movimiento consolida la influencia del partido de gobierno en un órgano extrapoder cuya misión primordial consiste en auditar a las autoridades del Poder Ejecutivo.
El rol constitucional de la Contraloría
La Contraloría General de la República tiene rango constitucional en Paraguay y posee autonomía funcional y administrativa para controlar los recursos públicos y supervisar el patrimonio de quienes ejercen cargos estatales. Por ley, cualquier servidor público debe detallar sus bienes al iniciar y cesar funciones para prevenir irregularidades.
La continuidad de Camilo Benítez al frente de la institución y el ascenso de su equipo técnico inmediato marcan una etapa clave de cara a futuros exámenes de correspondencia. Mientras el oficialismo destaca la regularidad y solvencia técnica de los dictámenes emitidos, sectores opositores afirman que insistirán en la transparencia y en el escrutinio de los patrimonios públicos.
Datos clave
- El diputado Raúl Benítez cuestionó a la Contraloría por validar sin observaciones el patrimonio declarado por el presidente de la República.
- El dictamen de correspondencia fue remitido a la Fiscalía el 13 de mayo pasado sin que se detectaran indicios de enriquecimiento irregular.
- Armindo Torres fue promovido a subcontralor con respaldo oficialista tras dirigir la dependencia que revisó los documentos patrimoniales.
- Legisladores opositores denuncian una presunta pérdida de independencia en el órgano extrapoder encargado de auditar al Estado.
