La crisis habitacional en Cuba golpea con dureza a miles de familias que conviven a diario con estructuras deterioradas y riesgo permanente de derrumbe. Así lo evidenció el Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba 2026, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El documento revela que una parte importante de la población carece de recursos económicos para refaccionar sus hogares frente a la escasez generalizada.
La crisis habitacional en Cuba y el dilema diario
En La Habana, los casos como el de Alicia Rojas, una mujer de 68 años que reside junto a su hija y su nieto, reflejan una realidad compartida. Su casa presenta filtraciones continuas en el tejado, grietas en las paredes y tirantes de madera colocados para sostener las partes más vulnerables. La falta de presupuesto obliga a postergar obras indispensables para garantizar la seguridad del inmueble.
Para subsistir, la familia depende de ingresos mínimos generados por labores informales y antiguos empleos de limpieza. Alicia relató que cuando consiguen reunir algo de dinero deben priorizar la compra de alimentos y medicinas por encima de las mejoras de la vivienda. Las soluciones provisorias, como parches o recipientes para recoger goteras, terminan reemplazando a los arreglos definitivos.
El deterioro edilicio reflejado en las estadísticas
De acuerdo con el relevamiento de la organización no gubernamental, apenas el 18 % de los consultados manifestó habitar en una residencia en buen estado. Por su parte, el 47 % señaló que sus propiedades requieren arreglos menores, mientras que un 25 % indicó la necesidad de intervenciones urgentes. Asimismo, un 7 % de las personas encuestadas afirmó residir en inmuebles con peligro inminente de derrumbe.
El reporte subraya que más de las tres cuartas partes del parque habitacional evaluado muestra serias falencias de conservación. Esta degradación progresiva de las edificaciones se combina con la imposibilidad práctica de adquirir materiales de construcción en el mercado formal. Como consecuencia, las familias quedan expuestas a la intemperie y a la vulneración del derecho a un espacio digno.
Precariedad económica y servicios colapsados
La persistente crisis habitacional en Cuba está estrechamente ligada a un contexto macroeconómico adverso marcado por la inflación y la pérdida del poder de compra. El estudio determinó que el 63 % de los hogares sufre complicaciones severas para comprar productos esenciales de consumo diario. Además, otro 30 % solo logra costear requerimientos elementales, sin capacidad de ahorro para contingencias edilicias.
El análisis sitúa a más del noventa por ciento de la población en condiciones de pobreza extrema bajo sus parámetros de medición. Durante el semestre previo al estudio, ocho de cada diez consultados debieron suprimir al menos una comida diaria ante la falta de recursos o de provisiones. A este cuadro se suman los constantes apagones eléctricos y los problemas recurrentes en la provisión de agua potable.
Desafíos estructurales en la isla
La compra de cemento, chapas de zinc, maderas y herramientas demanda sumas inalcanzables para salarios de subsistencia. Ante ese panorama, los habitantes dependen de remesas familiares esporádicas o del comercio informal para adquirir insumos básicos de refacción. Esta situación prolonga la vulnerabilidad de las estructuras ante temporales climáticos comunes en el Caribe.
En definitiva, la crisis habitacional en Cuba convierte el mantenimiento del hogar en un desafío inalcanzable para millones de ciudadanos. Lo que debería constituir una mejora planificada se transforma en una emergencia continua marcada por apuntalamientos improvisados y divisiones precarias dentro de los domicilios.
Datos clave
- Deterioro generalizado: apenas el 18 % de las viviendas relevadas se encuentra en buen estado de conservación.
- Peligro de colapso: un 7 % de los encuestados reside en inmuebles con riesgo concreto de derrumbe.
- Urgencia edilicia: el 47 % necesita reparaciones generales y el 25 % requiere refacciones urgentes.
- Impacto alimentario: ocho de cada diez personas tuvieron que suprimir al menos una comida al día por falta de recursos.
