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internacionales

Paraguay y otros nueve países integran un grupo de la OEA para presionar al régimen de Nicaragua

Redaccion BM Online•4 de noviembre de 2026 a las 01:05 p. m.•Washington

Ilustración de diplomáticos sentados en una mesa redonda junto a la bandera de la OEA mientras un hombre se aleja.

La crisis en Nicaragua motivó la conformación de un nuevo mecanismo diplomático en el seno de la Organización de los Estados Americanos, del cual forma parte Paraguay junto a otras nueve naciones del continente. La instancia multilateral tiene como objetivo central restablecer los canales de diálogo político, exigir comicios transparentes y demandar la liberación irrestricta de las personas detenidas por causas ideológicas en territorio centroamericano.

Alcance y composición del bloque diplomático

La presidencia de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA formalizó la integración del denominado Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua. La nómina de miembros comprende a representantes diplomáticos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. La pertenencia a este colectivo reviste carácter voluntario y permanece accesible para la incorporación de otros Estados miembros del sistema interamericano.

Cada delegación estará encabezada por su canciller titular o un emisario asignado expresamente para la tarea, bajo premisas de balance geográfico y respaldo administrativo de la Secretaría General del organismo continental. Esta respuesta regional busca abordar la crisis en Nicaragua mediante negociaciones pacíficas y canales institucionales. La iniciativa se apoya de manera directa en la resolución aprobada en Washington el pasado 2 de octubre, titulada La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua.

Objetivos y plazos fijados por el organismo

El mandato asignado a los ministros contempla un término de 60 días para formular propuestas concretas de orden jurídico y diplomático. Entre los cometidos prioritarios figura la apertura de puentes de conversación con las autoridades que responden a Daniel Ortega, así como con agrupaciones opositoras, entidades civiles y plataformas en el exilio.

El texto resolutivo descarta cualquier recurso a la fuerza y establece que las acciones deben ajustarse a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana. El grupo procurará realizar una visita presencial a Managua, en un contexto complejo debido a que el gobierno de Ortega consumó su desvinculación formal del organismo regional en 2023. La última vez que los cancilleres activaron un mecanismo de consulta semejante ocurrió en 2019 ante la coyuntura venezolana.

La postura continental frente a la crisis en Nicaragua

El deterioro de la institucionalidad democrática cobró mayor gravedad tras las expresiones oficiales que descartaron la celebración de nuevos comicios en el país. El oficialismo nicaragüense impulsó además reformas constitucionales orientadas a vetar electoralmente a quienes sean catalogados como traidores a la patria, figura habitualmente empleada para castigar la disidencia.

Ante ese escenario, Albert Ramdin, secretario general de la OEA, remarcó la urgencia de reponer el orden constitucional y sugirió evaluar sanciones financieras dirigidas a funcionarios responsables de abusos. La intensificación de la crisis en Nicaragua fue corroborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas, cuyos informes registraron detenciones arbitrarias, torturas, despojos de nacionalidad y hostigamiento contra ciudadanos fuera de sus fronteras.

Datos clave

  • Diez países integran el grupo: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos conformaron el mecanismo ministerial.
  • Plazo de 60 días: Los cancilleres deben presentar recomendaciones diplomáticas y jurídicas sin contemplar el uso de la fuerza.
  • Reclamo de libertades: La OEA exige al gobierno de Daniel Ortega celebrar elecciones libres y liberar sin condiciones a los presos políticos.
  • Antecedentes graves: Informes de la CIDH y la ONU alertan sobre torturas, confiscaciones ilegales y privación forzada de nacionalidad a disidentes.

Fuente: infobae.com

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