Frente a la prolongada crisis en Nicaragua, la Organización de los Estados Americanos aprobó por consenso este viernes una resolución en Washington que exige al gobierno de Daniel Ortega restablecer el orden constitucional. Los países miembros reclamaron la liberación inmediata de los presos políticos y la restitución de la ciudadanía a quienes fueron despojados de ella. La iniciativa diplomática contó con el patrocinio directo de varias naciones del continente, entre ellas la delegación de Paraguay.
Las exigencias acordadas en la sede multilateral
El texto respaldado por los Estados del hemisferio demanda cesar el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas. Entre los puntos acordados figura la recuperación irrestricta de la libertad de expresión y la conformación de condiciones transparentes para realizar comicios limpios y participativos. Las delegaciones participantes coincidieron en señalar que estos pasos resultan fundamentales para superar la tensión institucional que persiste en el país centroamericano.
Para acompañar el cumplimiento de estas disposiciones, los ministros determinaron la creación de un Grupo Ministerial especializado. Este equipo mantendrá reuniones periódicas tanto con las autoridades oficiales como con referentes de la sociedad civil organizada. En un lapso improrrogable de sesenta días, los designados deberán remitir un reporte exhaustivo sobre los avances alcanzados en favor del restablecimiento democrático.
El impacto diplomático de la crisis en Nicaragua
Durante la XXXI Reunión de Consulta, diversos voceros expusieron la gravedad de la situación ante el plenario. Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, subrayó que su país busca cooperar para que la nación centroamericana regrese al sistema interamericano. Por su parte, la representación de República Dominicana comunicó el cierre de su sede diplomática en territorio nicaragüense mientras no existan garantías institucionales mínimas.
La relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en la misma sesión sobre el continuo retroceso de las libertades públicas. En paralelo, la delegación de Estados Unidos denunció trabas oficiales impuestas para impedir el ingreso de su nueva embajadora designada, Natasha Franceschi. A su turno, la secretaría general de la entidad sugirió aplicar medidas financieras restrictivas dirigidas exclusivamente a jerarcas estatales para no perjudicar a la población civil.
Antecedentes del conflicto y postura de Managua
El encuentro extraordinario en la capital norteamericana fue activado tras el anuncio gubernamental nicaragüense de no volver a celebrar elecciones periódicas. A esta postura se sumó una reforma constitucional orientada a descalificar candidaturas de sectores disidentes bajo cargos de traición nacional. Ambas medidas encendieron alarmas diplomáticas en toda la región y motivaron el llamado urgente a consultas ministeriales.
El Estado nicaragüense no formó parte de las deliberaciones debido a que abandonó formalmente el organismo hemisférico en 2023 por decisión unilateral del Ejecutivo. Pese a este distanciamiento, los gobiernos de la región sostienen la necesidad de perseverar en el diálogo para canalizar una salida a la crisis en Nicaragua mediante mecanismos pacíficos. Para el cuerpo diplomático paraguayo, acompañar esta propuesta reafirma su histórica defensa de la vigencia de los tratados interamericanos de derechos fundamentales.
Datos clave
- Consenso regional: La OEA instó a detener el deterioro de las instituciones, restituir derechos cívicos y liberar a los detenidos por causas políticas.
- Impulso multinacional: El documento fue copatrocinado por Paraguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú y República Dominicana.
- Seguimiento periódico: Una comisión de ministros entablará contactos con sectores civiles y elevará un informe en un plazo de sesenta días.
- Ausencia oficial: La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo no participó del debate tras haber retirado al país del foro en 2023.
