La crisis en Nicaragua profundiza su impacto regional tras el pronunciamiento emitido por el Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista en Montevideo. El bloque partidario condenó el esquema de concentración absoluta de poder encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país centroamericano.
El pronunciamiento se conoció luego de la aprobación en primera legislatura de una reforma a la carta magna que suprime la competencia en las urnas y extiende el mandato presidencial a siete años. Los delegados cuestionaron la anulación de contrapesos y la completa subordinación de las instituciones estatales.
Rechazo internacional ante la crisis en Nicaragua
Reunidos en la capital uruguaya, los representantes de organizaciones socialdemócratas, socialistas y laboristas manifestaron su profunda alarma por la degradación institucional. El organismo regional rechazó los cambios normativos que cancelan el pluralismo y liquidan la alternancia democrática.
El documento oficial demandó el restablecimiento inmediato de comicios transparentes, competitivos y con fechas verificables. Además, los dirigentes reclamaron conformar una autoridad electoral imparcial, permitir veeduría nacional e internacional y habilitar el sufragio de los ciudadanos nicaragüenses radicados en el exterior.
Esta postura surge a raíz del anuncio realizado en julio de 2026, cuando Ortega decretó que no se celebrarían más elecciones. Dicha postura se plasmó en septiembre en la Asamblea Nacional y quedará lista para ratificación a inicios de 2027.
Opositores tras las rejas y hostigamiento en el exilio
La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua advirtió desde el destierro que al menos 72 personas continúan encarceladas por motivos ideológicos. De ese grupo, 33 sufren condición de desaparición forzada en dependencias estatales.
Ante este escenario, la Internacional Socialista exigió la liberación inmediata de los prisioneros políticos y el cese de las detenciones arbitrarias. El texto también reclamó que se garanticen visitas familiares, adecuada atención de salud y el fin del aislamiento penitenciario.
El pronunciamiento remarcó que la crisis en Nicaragua desbordó sus fronteras mediante la persecución transnacional contra críticos del régimen. Esta conducta represiva extraterritorial ya había sido denunciada en informes elaborados por expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.
Confiscaciones masivas y anulación de personerías
La resolución aprobada en Uruguay incluyó el reclamo para restituir las personerías jurídicas y los patrimonios confiscados en los últimos años. Las medidas expropiatorias alcanzaron a partidos políticos, medios de comunicación, universidades, entidades civiles y congregaciones religiosas.
Asimismo, los partidos participantes pidieron reincorporar a los empleados públicos destituidos por causas ideológicas y desarticular los aparatos represivos estatales. También promovieron investigaciones judiciales independientes que permitan juzgar las violaciones a las libertades fundamentales.
Finalmente, la coalición internacional instó a las cancillerías de América y Europa a sostener gestiones diplomáticas conjuntas frente a la crisis en Nicaragua. El objetivo apunta a restaurar garantías básicas y resguardar la seguridad de quienes debieron refugiarse en el exterior.
Datos clave
- Reforma constitucional: La Asamblea Nacional oficialista suprimió las elecciones periódicas y amplió el período de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a siete años.
- Condena regional: La Internacional Socialista sesionó en Montevideo y exigió restablecer comicios competitivos con veeduría internacional y árbitro electoral independiente.
- Prisioneros políticos: La denuncia respaldada por activistas registra 72 personas detenidas por causas políticas, incluyendo a 33 disidentes desaparecidos forzosamente.
- Afectación civil: El documento reclama devolver sedes y bienes confiscados a medios informativos, universidades, oenegés y asociaciones religiosas nicaragüenses.
