El gobierno de Costa Rica resolvió archivar de forma definitiva su incorporación al Acuerdo Transpacífico, una determinación adoptada pocas semanas antes de la firma oficial del tratado. La presidenta Laura Fernández comunicó el retiro del proceso que había comenzado en 2022 y destituyó de manera inmediata a la titular del Ministerio de Comercio Exterior, Indiana Trejos. La medida frenó la integración a un bloque compuesto por doce naciones que congrega a casi 600 millones de consumidores en la cuenca del océano Pacífico.
La decisión gubernamental desarticuló una negociación técnica que había finalizado en mayo de 2026, dejándole a la administración entrante un texto prácticamente listo para suscribir. El país centroamericano tenía previsto debutar como miembro pleno durante la undécima reunión ministerial del grupo comercial, programada del 23 al 27 de noviembre en Vietnam. Sin embargo, las advertencias de los gremios productivos locales terminaron por quebrar el consenso previo.
La resistencia del agro ante el Acuerdo Transpacífico
El núcleo del descontento se originó en las actividades agropecuarias que temían una competencia asimétrica frente a potencias exportadoras del hemisferio sur. Los productores de caña de azúcar, calculados en unos 7.000 trabajadores, y alrededor de 10.000 fincas ganaderas manifestaron su inquietud ante los envíos provenientes de Australia. De igual manera, las organizaciones rurales estimaron que el potencial lácteo de Nueva Zelanda ponía en riesgo directo a cerca de 27.000 explotaciones de ganado lechero y de carne.
Por su parte, el sector de la palma aceitera, integrado por unas 3.000 familias rurales, alertó sobre la desventaja que supondría competir contra Malasia en el mercado internacional. Aunque los números correspondían a proyecciones preventivas y no a daños materiales consolidados, el malestar gremial se expandió con rapidez. Diversos concejos municipales de zonas rurales votaron declaraciones formales en contra de la suscripción del convenio.
Trasfondo electoral y movilizaciones en San José
El cambio de postura de las autoridades nacionales respondió también a factores políticos vinculados con los comicios municipales de febrero de 2028. El oficialismo evaluó que sostener el tratado comercial erosionaba los lazos territoriales con las alcaldías de los cantones agrícolas, esenciales para la posterior contienda legislativa. Por esta razón, el respaldo que mantenía el Poder Ejecutivo se diluyó drásticamente antes de formalizar la salida de la ministra Trejos, quien fue reemplazada de manera interina por Arianna Arce Camacho.
La disconformidad social se trasladó a las calles de la capital costarricense con marchas de productores y colectivos universitarios desde San Pedro hasta la Plaza de la Democracia. Si bien los manifestantes celebraron la marcha atrás con el tratado multilateral, ratificaron sus reclamos por mejores condiciones operativas y cuestionaron medidas locales como el areteo obligatorio de reses. La Conferencia Episcopal de Costa Rica respaldó la cancelación de la firma al sostener que se escuchó el reclamo popular.
Falta de estudios y el contexto comercial centroamericano
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes criticaron la escasez de análisis detallados sobre los alcances socioeconómicos del pacto. Un elemento central del debate radicó en que el país ya canalizaba alrededor del 95% de sus exportaciones bajo tratados vigentes, manteniendo acuerdos bilaterales con seis de los doce miembros del bloque. Bajo ese escenario, los analistas señalaron que el único beneficio adicional relevante consistía en mejorar la penetración en el mercado de Japón.
El debate regional no resulta ajeno a otras economías agrícolas de Centroamérica que analizaron en su momento el impacto de este bloque transcontinental. Años atrás, Nicaragua evaluó alternativas arancelarias escalonadas ante el temor de perder empleos y afectar su relación con Estados Unidos. Tras el freno costarricense al Acuerdo Transpacífico, permanece abierta la expectativa sobre cómo evaluará Washington las políticas aduaneras y las relaciones multilaterales del istmo.
Datos clave
- El retiro definitivo de las negociaciones fue anunciado por la presidenta Laura Fernández semanas antes de la firma programada en Vietnam.
- La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, fue destituida de su cargo el mismo día en que se canceló la adhesión internacional.
- Los sectores productivos más sensibles incluyeron a la ganadería, los lácteos, la caña de azúcar y los cultivos de palma aceitera.
- El factor político y las elecciones municipales de 2028 incidieron en la decisión ante el rechazo de una veintena de concejos rurales.
