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Trabajadores de Capasa reclaman salarios atrasados y piden intervención del Gobierno

Redacción BM Online•19 de noviembre de 2026 a las 10:30 a. m.•Asunción

Fachada del edificio histórico de Capasa decorada con banderas paraguayas en la esquina.

La crisis en Capasa golpea con dureza a más de un centenar de funcionarios que asisten diariamente a sus puestos de trabajo en Asunción sin cobrar sus haberes. La empresa estatal arrastra una severa parálisis administrativa que pone en peligro la subsistencia de sus empleados y la operatividad básica de la firma. Los afectados reclaman una respuesta urgente de las autoridades para destrabar el conflicto.

Deudas millonarias y paralización de la planta

El origen del descalabro financiero responde a un pasivo acumulado que rondaría los 13.000 millones de guaraníes. Esta pesada carga monetaria fue atribuida a administraciones anteriores y ha impedido la compra de insumos esenciales. Como consecuencia directa, la producción industrial se encuentra prácticamente detenida en las instalaciones históricas.

La falta de elaboración de bebidas alcohólicas cortó la cadena de pagos hacia proveedores y productores cañeros del interior del país. Esta parálisis no solo afecta al personal de planta, sino a decenas de familias rurales cuya subsistencia depende de la entrega de caña a la alcoholera estatal. La ausencia de ingresos operativos agrava la iliquidez institucional día tras día.

A fines del año pasado, la empresa estatal ya desvinculó a más de medio centenar de personas en un intento por reducir costos operativos. Pese a este recorte masivo, la crisis en Capasa no encontró alivio y profundizó la incertidumbre sobre la continuidad de la emblemática compañía pública paraguaya.

Impacto de la crisis en Capasa en los obreros

Un total de 109 funcionarios continúa prestando servicios regulares a pesar de registrar atrasos prolongados en el pago mensual de sus sueldos. Muchos de estos colaboradores cuentan con más de dos décadas de antigüedad laboral ininterrumpida. La incertidumbre sobre el futuro de sus aportes previsionales genera una profunda angustia cotidiana.

Una de las principales denuncias radica en la imposibilidad de acceder a los servicios del Instituto de Previsión Social. Aunque a los dependientes se les descuenta rigurosamente el aporte en sus liquidaciones, la patronal no transfiere esos fondos al seguro social. Debido a este incumplimiento patronal, el personal carece de cobertura médica y farmacológica.

Esta irregularidad golpea con crudeza a pacientes con enfermedades crónicas o en situación de reposo prolongado. Entre los casos denunciados destaca el de una trabajadora encamada que no puede someterse a la junta médica requerida para gestionar su jubilación formal. La falta de cobertura médica vulnera derechos fundamentales consagrados en las leyes laborales vigentes.

Reclamos directos ante la falta de respuestas

La administración actual, encabezada por José Barbosa, no ha ofrecido soluciones viables para subsanar los retrasos salariales ni la regularización ante la previsional. Ante este silencio administrativo, los gremios manifestaron su decepción por la falta de un plan de contingencia claro para reactivar la fábrica.

Frente a la inacción directiva, los funcionarios elevaron su pedido de auxilio al nuevo mandatario de la nación, Pedro Alliana. Los afectados solicitan una intervención ejecutiva decidida antes de que los recesos institucionales dilaten aún más el tratamiento de esta problemática. La urgencia radica en salvar tanto las fuentes de sustento como el patrimonio estatal.

Los dependientes insisten en que no abandonarán sus lugares de trabajo para no perder sus derechos acumulados con los años. La resolución de la crisis en Capasa requiere una inyección financiera inmediata y una restructuración administrativa profunda que devuelva la sostenibilidad a la firma pública.

Datos clave

  • Afectados directos: Unos 109 funcionarios siguen trabajando sin percibir sus sueldos en tiempo y forma.
  • Sin cobertura médica: El personal no puede utilizar el seguro del IPS debido a deudas patronales en los aportes.
  • Pasivo acumulado: La empresa pública arrastra un déficit financiero estimado en 13.000 millones de guaraníes.
  • Parálisis total: La producción fabril está suspendida, perjudicando también a los proveedores cañeros.

Fuente: elnacional.com.py

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