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política

Mauricio Espínola responsabiliza a Santiago Peña y al BCP por la crisis de ueno bank

Redaccion BM Online•3 de noviembre de 2026 a las 10:40 a. m.•Asunción

El diputado Mauricio Espínola con traje gris y corbata rosa en su banca de la Cámara de Diputados.

La crisis de ueno bank motivó severos cuestionamientos del diputado Mauricio Espínola hacia el presidente de la República, Santiago Peña, y la directiva del Banco Central del Paraguay (BCP). El parlamentario colorado calificó de jornada nefasta la apertura del procedimiento de resolución sobre la intermediaria privada. Según sostuvo, las autoridades estatales actuaron de forma tardía frente al deterioro patrimonial.

El legislador manifestó que la situación financiera desatada en torno al banco pudo haberse contenido con una fiscalización rigurosa y oportuna. En su descargo público, atribuyó el deterioro a actitudes que calificó de soberbia, petulancia y avaricia por parte del titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, señaló una presunta complacencia negligente de miembros de la banca matriz en los controles previos.

El impacto político tras la crisis de ueno bank

Al analizar la crisis de ueno bank, el parlamentario afirmó que la determinación oficial del ente regulador era inevitable pero llegó a destiempo. A pesar de los duros reproches dirigidos a la administración central, Espínola buscó transmitir certidumbre a la ciudadanía y a los ahorristas. En ese sentido, aseveró que el sistema financiero paraguayo mantiene bases generales de solvencia institucional.

Por otro lado, el diputado planteó la conformación de un gran consenso político y legislativo para demandar la renovación completa de la cúpula directiva del BCP. Desde su perspectiva parlamentaria, resulta imperativo revisar las normativas prudenciales actuales. El objetivo radica en fijar estándares más exigentes de supervisión para todas las instituciones de intermediación financiera que operan en territorio paraguayo.

Medidas legislativas y exigencias judiciales

Entre los planteamientos expuestos, Espínola recordó la vigencia de un proyecto legislativo impulsado desde su banca para regular la exposición estatal. Dicha propuesta busca establecer techos vinculantes a la colocación de depósitos públicos en entidades bancarias, tomando como referencia directa su patrimonio efectivo. Con este mecanismo, se pretende evitar concentraciones desmedidas de fondos provenientes de las arcas fiscales en entidades con perfiles de riesgo vulnerables.

El diputado instó al Ministerio Público y a los tribunales a indagar las decisiones que derivaron en la crisis de ueno bank para deslindar responsabilidades. Subrayó que los órganos de justicia deben esclarecer el manejo de los fondos públicos colocados en la entidad, en particular aquellos vinculados a la previsión social de los trabajadores y los recursos del Estado paraguayo.

Las causales de resolución técnica del BCP

El pronunciamiento de Espínola responde a la resolución adoptada de forma unánime por el Directorio del BCP el 2 de noviembre. La máxima autoridad monetaria del país resolvió iniciar el proceso de resolución luego de detectar que el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50 % del umbral mínimo exigido. Este desbalance surgió a partir de los ajustes aplicados a sus estados contables en pleno régimen de regularización.

La banca matriz aclaró formalmente que la medida obedece a una circunstancia particular y circunscripta a una sola firma. La institución reguladora enfatizó que el procedimiento tiene como meta prioritaria resguardar la totalidad de los depósitos del público y mantener inalterada la estabilidad macroeconómica en Paraguay.

Datos clave

  • Inicio de resolución: El BCP aplicó el proceso tras registrarse una solvencia inferior al 50 % del límite reglamentario en la entidad.
  • Críticas políticas: El diputado Mauricio Espínola responsabilizó directamente al presidente Santiago Peña y a la directiva del BCP por demorar las medidas de control.
  • Propuesta legislativa: El parlamentario impulsa un marco legal para limitar el monto de fondos públicos depositados en bancos según su capital efectivo.
  • Pedido judicial: Se solicitó la intervención de la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades en la gestión de recursos jubilatorios y estatales.

Fuente: elnacional.com.py

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