La crisis de Ueno Bank dejó al descubierto la enorme exposición del Estado paraguayo ante la intermediación financiera privada tras la intervención oficial de la entidad. Diversas entidades públicas, binacionales y cajas previsionales mantienen más de 852 millones de dólares inmovilizados, según los reportes institucionales remitidos al Ministerio Público. La situación genera una profunda incertidumbre sobre el rescate del patrimonio estatal y derivó en severas repercusiones institucionales.
Fondos previsionales atrapados en el sistema
El Instituto de Previsión Social encabeza la nómina de afectados con más de 516 millones de dólares colocados en la entidad bancaria. De acuerdo con los datos brindados por el director de Inversiones, Hugo Díaz, unos 358 millones de dólares corresponden a fondos jubilatorios y de contingencia, mientras que el resto se encontraba en cuentas operativas de salud y administración.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la Caja Fiscal mantiene colocaciones por 250.000 millones de guaraníes en certificados de depósito de ahorro. La previsional presentó una denuncia penal por presunta lesión de confianza y asociación criminal ante la Fiscalía, que busca esclarecer los manejos financieros.
Asimismo, otras entidades jubilatorias reportaron importantes fondos retenidos tras el colapso. La Caja Bancaria registró colocaciones cercanas a 29,1 millones de dólares, mientras que la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú Binacional suma 15,73 millones de dólares y la caja de la Administración Nacional de Electricidad otros 6,73 millones de dólares.
Impacto en empresas públicas y binacionales
Itaipú Binacional confirmó que mantenía depositados más de 163 millones de dólares y 115.200 millones de guaraníes al momento de ejecutarse la medida bancaria. Los recursos totales rondan los 181,8 millones de dólares y formaban parte de disponibilidades operativas para cumplir compromisos contractuales de la hidroeléctrica compartida con Brasil.
En cuanto a la Administración Nacional de Electricidad, la estatal eléctrica reportó cerca de 45 millones de dólares en depósitos y préstamos internacionales. A este valor se agrega una carta de crédito irrevocable por casi 47 millones de dólares con proveedores externos, según detalló su titular Félix Sosa.
La entidad reguladora de telecomunicaciones, Conatel, también ejecutó transferencias llamativas hacia la entidad por valor de 70.000 millones de guaraníes semanas antes de la intervención. Los fondos fueron retirados de otros bancos antes de que se desatara plenamente la crisis de Ueno Bank en el mercado financiero local.
Alcance municipal y acciones judiciales abiertas
La Municipalidad de Asunción reveló que mantenía 7.742 millones de guaraníes distribuidos en tres cuentas institucionales dentro de la entidad intervenida. La intendenta Soledad Núñez anunció que recurrirán a medidas legales para salvaguardar estos recursos, que incluyen partidas del Fondo Nacional de Alimentación Escolar.
Otras dependencias como el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas reportaron 40.000 millones de guaraníes inmovilizados en reservas institucionales. En tanto, la Corte Suprema de Justicia reportó unos 250 millones de guaraníes retenidos de recaudaciones judiciales pendientes de transferencia.
Las denuncias penales promovidas por las entidades estatales buscan deslindar responsabilidades sobre las autorizaciones financieras emitidas. Diversos sectores cuestionan la falta de diversificación y las evaluaciones de riesgo aplicadas antes de que estallara la crisis de Ueno Bank en el sector público.
Datos clave
- Monto global: Más de USD 852 millones pertenecientes a instituciones del Estado quedaron comprometidos en la entidad bancaria.
- Previsión social: El Instituto de Previsión Social concentra USD 516 millones entre fondos jubilatorios y cuentas para salud.
- Empresas estatales: Itaipú Binacional y la ANDE mantienen inmovilizados USD 181,8 millones y cerca de USD 45 millones respectivamente.
- Denuncias formales: Diversas entidades públicas acudieron al Ministerio Público para exigir la recuperación de sus activos.
