El uso de criptoactivos en financiamiento político encendió las alertas de las autoridades electorales en Costa Rica ante la necesidad de garantizar la transparencia del dinero en las campañas. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de ese país manifestó una profunda inquietud por los nuevos métodos para ingresar fondos privados a los partidos y por la multiplicación de análisis sobre donantes.
Frente a este escenario, el organismo electoral costarricense puso en marcha un plan piloto del Sistema Integral de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Esta plataforma tecnológica busca monitorear los movimientos de las cuentas partidarias en tiempo real y contó con una primera capacitación brindada a 11 agrupaciones políticas, con respaldo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
Nuevas herramientas y trazabilidad de fondos
El software diseñado por la autoridad electoral incorporará un módulo contable adaptado a las normas locales y otro espacio para fiscalizar los certificados de cesión, abarcando desde su emisión hasta su colocación final. El sistema también incluye mecanismos de control sobre aportes ordinarios, préstamos bancarios y cuotas abonadas por los propios militantes partidarios.
La institución electoral profundizó sus estudios de solvencia debido a la irrupción de herramientas digitales y transferencias no convencionales. Guiselle Valverde, encargada de Fiscalización de Información Financiera del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, advirtió que la presencia de criptoactivos en financiamiento político exige actualizar las metodologías de supervisión para confirmar la capacidad patrimonial de cada financista.
Aumento en los estudios de solvencia económica
Los exámenes de solvencia aplicados a contribuyentes y compradores de bonos aumentaron notoriamente al pasar de 83 análisis en los comicios de 2022 a 155 procesos en la campaña presidencial de 2026. Esta fiscalización reciente cubrió recursos por 3.400 millones de colones, frente a los 2.800 millones de colones revisados en el torneo presidencial precedente.
En elecciones municipales anteriores se dieron variaciones notables: en 2020 se concretaron 65 revisiones por más de 836 millones de colones, mientras que en 2024 las pesquisas bajaron a 40 trámites por unos 503 millones de colones. Para abrir un expediente patrimonial, la oficina técnica fija un piso referencial de 10.000 dólares o 5 millones de colones, margen que se reduce cuando surgen señales de riesgo.
Cambio de enfoque en la fiscalización electoral
Durante el ciclo electoral más reciente se constataron donaciones y adquisiciones de deuda política que superaron los 50 millones e incluso los 100 millones de colones. Según Valverde, esta magnitud en operaciones individuales no se había observado antes, lo que motivó que 15 casos pasaran al área de investigaciones especiales para rastrear el origen de los recursos.
Por su parte, el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Ronald Chacón, detalló que estos procesos se hallan en una etapa preliminar de recolección y examen de pruebas, sin que hasta el momento se hayan remitido denuncias a la Fiscalía. La entidad electoral modificó su enfoque tradicional: entre 2010 y 2018 la prioridad radicaba en constatar las liquidaciones de gastos, mientras que desde 2022 el foco primordial se trasladó al origen genuino de los fondos y los riesgos de criptoactivos en financiamiento político.
Datos clave
- 155 estudios patrimoniales se abrieron durante la última campaña presidencial, frente a los 83 registrados en 2022.
- 3.400 millones de colones fueron auditados por el Tribunal Supremo de Elecciones para verificar la solvencia de donantes.
- 15 expedientes pasaron al área de investigaciones complejas para profundizar la trazabilidad del dinero.
- Sistema en tiempo real fue implementado como plan piloto junto a 11 organizaciones políticas costarricenses.
