La impunidad en los crímenes contra periodistas continúa siendo una deuda pendiente del Estado paraguayo frente a los compromisos internacionales. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, legisladores de la oposición y representantes gremiales denunciaron que la Cámara de Senadores sigue dilatando el cumplimiento efectivo de la condena dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón.
Durante un pronunciamiento conjunto en Asunción, los voceros cuestionaron el bloqueo sistemático de las iniciativas que buscan resguardar la labor de la prensa y a los defensores civiles. La actividad reunió a legisladores y activistas que coincidieron en la urgencia de sancionar un marco normativo integral acorde a los estándares internacionales.
Las exigencias del fallo internacional
El Estado paraguayo cuenta con una sentencia firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del asesinato de Santiago Leguizamón, ocurrido en Pedro Juan Caballero en 1991. Dicho mandato obliga a las autoridades a crear mecanismos eficaces para prevenir y sancionar los crímenes contra periodistas mediante herramientas legislativas concretas.
Entre las medidas impuestas por el tribunal internacional figura la sanción de una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, la resolución contempla la conformación de una comisión especial e independiente encargada de esclarecer el homicidio del comunicador y la instauración de un galardón anual con su nombre para honrar el periodismo de investigación.
Frente a estos mandatos, los gremios denuncian que la bancada oficialista en el Congreso impulsó propuestas alternas que consideran deficientes y carentes de salvaguardas reales para los trabajadores de prensa.
Críticas al bloqueo legislativo y a las propuestas oficiales
El senador Rafael Filizzola, relator de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, sostuvo que no es posible afianzar una sociedad democrática sin el ejercicio de una prensa libre. Recordó que el aparato estatal falló reiteradamente en su deber de custodia hacia comunicadores amenazados por estructuras delictivas.
El parlamentario puso como ejemplo el caso de Pablo Medina, asesinado en 2014, a quien le retiraron la protección policial pocos días antes del atentado fatal. Por su parte, la senadora Esperanza Martínez advirtió que atentar contra un comunicador busca sembrar miedo para instaurar prácticas autoritarias y evitar que la ciudadanía acceda a información de interés público.
Martínez rechazó además los intentos del sector oficialista de supeditar la eventual ley de protección a la estructura del Ministerio del Interior. A su criterio, esa dependencia institucional reduciría la transparencia y limitaría la autonomía del mecanismo de seguridad para los trabajadores de prensa.
Un panorama de impunidad alarmante en el país
El Sindicato de Periodistas del Paraguay, a través de su secretario general Santiago Ortiz, alertó sobre los altos índices de desprotección que enfrenta el gremio en territorio nacional. De acuerdo con los registros de la organización sindical, el 90 % de los crímenes contra periodistas registrados en el país permanece sin castigo para los autores intelectuales.
Ortiz remarcó que, desde 1991 hasta la actualidad, se contabilizan 22 comunicadores asesinados en territorio paraguayo, incluidos casos emblemáticos como los de Santiago Leguizamón, Pablo Medina y Humberto Coronel. En la conferencia también participó Dante Leguizamón, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, quien ratificó la necesidad de terminar con la inacción institucional.
Datos clave
- 22 comunicadores fueron asesinados en Paraguay desde 1991 hasta la fecha, según los registros oficiales del sindicato de prensa.
- 90 % de los casos se encuentra en la impunidad, principalmente sin identificar a quienes ordenaron los ataques mortales.
- Sentencia internacional de la Corte IDH exige una ley de protección, una comisión de investigación y un premio en memoria de Santiago Leguizamón.
- Bloqueo en el Congreso frena el proyecto consensuado por la sociedad civil, mientras se cuestiona una versión oficialista dependiente del Ejecutivo.
