El debate en torno al caso Ueno Bank generó un fuerte cruce político tras las declaraciones de Arnoldo Wiens, precandidato presidencial por el movimiento Colorado Añetete, quien reclamó la renuncia de Santiago Peña y Pedro Alliana. El dirigente colorado sostuvo que ambas autoridades del Poder Ejecutivo alteraron los marcos institucionales que sostienen la economía paraguaya y criticó que intenten deslindar culpas de manera individual.
La postura del referente disidente surgió luego de que el vicepresidente de la República manifestara la decisión de suspender temporalmente su proyecto electoral hacia los comicios de 2028. Según explicó Alliana, la pausa obedece a la necesidad de concentrarse en resolver problemas internos en áreas críticas como las obras públicas, la salud y la situación de la banca privada.
Cuestionamientos de Wiens a la conducción del Poder Ejecutivo
Wiens remarcó que las dos máximas figuras de la administración central comparten la misma gestión y no pueden desentenderse de las consecuencias de sus decisiones de gobierno. Afirmó que la actual coyuntura financiera representa un conflicto originado por quienes resolvieron modificar las normas de la institucionalidad económica desde el propio aparato estatal.
El dirigente colorado consideró que tanto Peña como Alliana deben responder por sus actos políticos y apegarse a los mandatos constitucionales vigentes. En su descargo público, el precandidato subrayó que si los gobernantes no cuentan con la capacidad para afrontar este momento institucional, deberían dar un paso al costado para no comprometer la estabilidad nacional.
Las alertas financieras en torno al caso Ueno Bank
El trasfondo de esta disputa radica en la controversia originada por el caso Ueno Bank, entidad que custodia aproximadamente 850 millones de dólares en recursos públicos y fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS). Senadores de la bancada oficialista solicitaron informes detallados al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el cumplimiento de la Ley de Bancos y los topes regulatorios de dicha institución.
La respuesta remitida por la banca matriz despertó severas críticas en el Congreso debido a la aparente omisión de documentos clave sobre advertencias de supervisión. Los datos no presentados contemplaban presuntas irregularidades en límites crediticios hacia firmas relacionadas durante el primer trimestre de este año, situaciones que ya habían sido alertadas por áreas técnicas desde abril y mayo.
La reacción del gremio bancario y el rol del Banco Central
La figura de Carlos Carvallo, titular del BCP, quedó en el centro de los reclamos legislativos debido a su anterior gestión al frente de la entidad financiera antes de asumir su cargo estatal. Diversos legisladores señalaron que las aclaraciones remitidas a la Cámara Alta resultaron insuficientes y recortadas frente a la magnitud del debate.
Ante este escenario, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió un pronunciamiento institucional para exigir reglas claras e idénticas para todos los actores del mercado crediticio. El gremio desestimó que sus reclamos obedezcan a disputas comerciales y solicitó a los organismos supervisores la adopción de medidas correctivas inmediatas para salvaguardar la confianza pública.
La prolongación del caso Ueno Bank expone no solo inquietudes técnicas en el sistema financiero, sino también una profunda fractura en el partido de gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo busca mitigar el impacto y defender las operaciones, la oposición interna utiliza el tema para cuestionar la solvencia técnica y política del actual mandato.
Datos clave
- Reclamo frontal: Arnoldo Wiens exigió la renuncia del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana ante la crisis.
- Pausa electoral: Pedro Alliana frenó de forma temporal su candidatura para 2028 alegando urgencias de gestión estatal.
- Fondos en custodia: Ueno Bank concentra cerca de 850 millones de dólares correspondientes al Estado y a la previsional del IPS.
- Exigencia gremial: La Asoban demandó al Banco Central del Paraguay garantizar un control igualitario y transparente en todo el sistema.
