Los controles de alcoholemia deben ejecutarse de manera ininterrumpida y sin excepciones en todo el país, según reclamó la Defensoría del Pueblo tras un fatal percance vial registrado en San Lorenzo. El siniestro provocó el deceso de un joven de 18 años y dejó con lesiones a otras dos personas luego de un choque donde uno de los choferes arrojó resultado positivo al alcotest. Ante este escenario, la institución demandó acciones concretas a los organismos de seguridad.
Exigencia de fiscalizaciones preventivas y constantes
El titular de la institución defensora, Rafael Ávila Macke, expresó su inquietud ante la carencia de políticas preventivas sostenibles en las arterias del país. Afirmó que resulta inadmisible contabilizar víctimas fatales de forma periódica en rutas y avenidas mientras la reacción estatal se limita a actuar únicamente después de sucesos luctuosos.
El funcionario remarcó que quien opta por manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas atenta contra su integridad física y la de terceros inocentes. Por esta razón, exhortó a la Policía Nacional, a la Patrulla Caminera y a las distintas direcciones de tránsito de las municipalidades a articular operativos imprevistos y constantes.
Ávila Macke enfatizó que los controles de alcoholemia tienen que profundizarse principalmente durante las madrugadas, horarios nocturnos, días feriados y fines de semana. Estas intervenciones deben enfocarse prioritariamente en zonas con denso flujo automotor y sectores calificados como puntos de alto riesgo vial.
Marco normativo y coordinación interinstitucional
La institución recordó la vigencia de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, identificada como la legislación número 5016 del año 2014 con sus respectivas modificaciones. Este ordenamiento jurídico fija sanciones y pautas claras para erradicar y castigar el acto de manejar vehículos habiendo consumido sustancias etílicas.
En ese contexto, la Defensoría solicitó a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que lidere una coordinación estrecha entre todas las entidades involucradas. La meta consiste en estructurar esquemas operativos de fiscalización y seguimiento que generen métricas reales para reducir la siniestralidad vinculada con la ingesta alcohólica.
Para el organismo de derechos humanos, la ejecución de los controles de alcoholemia no debe quedar sujeta a temporadas festivas específicas ni aplicarse con tratos preferenciales hacia infractores. Cada muerte en el asfalto acarrea una herida irreparable para una familia, lo cual convierte a la prevención en una obligación institucional ineludible.
Urgencia de medidas preventivas antes de más siniestros
El pronunciamiento oficial sostiene que el cuidado de la vida humana demanda un compromiso compartido entre la ciudadanía y las instituciones estatales. Sin embargo, se remarcó que la labor inspectora del Estado es indispensable para disuadir conductas imprudentes que enlutan a la sociedad.
El defensor del Pueblo reiteró que aguardar otra tragedia para reaccionar perpetúa el ciclo de dolor en las familias paraguayas. Aseguró que las tareas de inspección sobre el pavimento salvan vidas humanas y que la defensa del derecho fundamental a la seguridad de la población exige respuestas operativas inmediatas en toda la red vial.
Datos clave
- Tragedia en San Lorenzo: Un choque automovilístico causó la muerte de un muchacho de 18 años y causó heridas a dos acompañantes, involucrando a un chofer con alcotest positivo.
- Petición formal: La Defensoría del Pueblo reclamó operativos conjuntos y sorpresivos a la Patrulla Caminera, comisarías de la Policía Nacional y agentes de tránsito municipal.
- Horarios prioritarios: El pedido puntualiza que las inspecciones deben reforzarse durante noches, madrugadas y jornadas festivas en sectores críticos.
- Aplicación de la ley: Se instó a dar cumplimiento irrestricto a la Ley 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial sin tolerar privilegios ni excepciones indebidas.
